El Instituto Nacional de Perinatología (INPer) cerrará el 2025 en medio de señalamientos por adeudos, entre ellos uno por seis millones 326 mil pesos que mantiene con la empresa Aseo Privado Institucional S.A. de C.V. (API), la cual, pese a haber cumplido en tiempo y forma con el servicio de limpieza, aún no recibe el pago correspondiente.
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Gerardo López, asesor de la empresa de limpieza, detalló que el adeudo corresponde al convenio modificatorio No. 099-5320-07/2024: "Nosotros prestamos el servicio solicitado, pero la institución suspendió los pagos correspondientes a la segunda quincena de febrero y a todo marzo".
Asimismo, explicó que debido al adeudo API enfrenta afectaciones operativas, por lo que ha interpuesto las acciones legales correspondientes para que se efectúe el pago; y confían en que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro, cite antes de que acabe el año a la directora del INPer, Ana Cristina Arteaga Gómez, para que aclare el monto pendiente y defina el proceso para su liquidación.
"La empresa cuenta con correos electrónicos que acreditan los intentos de comunicación con el administrador del contrato por parte del INPer, pero fue hasta el 1 de octubre cuando nos informaron por escrito que habían disminuido unilateralmente el presupuesto del servicio, aun cuando este ya se había realizado. Para ellos, solo restaría cubrir menos del 20% del requerimiento original".
Detalles sobre el adeudo
Informó que, el responsable del atraso en los pagos es Luis Antonio Fonseca Rodríguez, Jefe del Departamento de Servicios y, entre las irregularidades detectadas, se encuentra la solicitud de las listas del personal que laboró en 2024, pese a que ese servicio fue concluido y pagado.
En este sentido, aseguró que es necesario que el equipo bajo la dirección de María de Lourdes Olmedo Cruz, titular de Administración y Finanzas del INPer, resuelva el adeudo antes del cierre fiscal, ya que está comprometiendo el pago de nómina, aguinaldos y compromisos con proveedores.
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Señaló que prácticas como la dilación en los pagos por parte de funcionarios públicos "ponen en riesgo de quiebra a las empresas que prestan servicios al gobierno", y advirtió que este tipo de situaciones afecta la preservación de empleos en un contexto económico que requiere de liquidez.