Después de que este año se envió a 55 mexicanos a Estados Unidos, para enfrentar la justicia por la presunta comisión de diversos delitos vinculados al crimen organizado, legisladores y especialistas en seguridad señalaron que se debe dar a conocer cuál es la situación de sus respectivos procesos.
El 27 de febrero, el gobierno mexicano realizó la primera “entrega” de 29 líderes de diversos cárteles del crimen organizado, mientras que el 12 de agosto se realizó un segundo envío de 26 más.
Suscríbete a nuestro canal
Al respecto, el senador de Morena, Saúl Monreal, puntualizó que el país debe estar informado sobre las condiciones y los procedimientos que se le otorgan a ciudadanos, aunque sean personajes extraditados por delitos.
Apuntó que aunque la entrega que hizo el gobierno de estos 55 mexicanos se justifica porque tienen imputaciones en el vecino país del norte y deben responder ante sus propios tribunales, eso no resta el hecho de que se informe a México sobre la condición en la que se encuentra cada uno.
La situación legal de los extraditados a EU
Recordó que se conocen algunos aspectos sobre las audiencias, que en varios de los casos se pospusieron para los primeros meses de 2026, como en el caso de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, Caro Quintero y Servando Gómez Martínez “La Tuta”.
De acuerdo con The Washington Post, se prevé que México haga una tercera entrega de mexicanos que pertenecen a los cárteles de la droga el año próximo, lo que no se ha confirmado.
Para el especialista en seguridad, David Saucedo, el envío de estos grupos a Estados Unidos obedece a las presiones que el gobierno de Donald Trump sigue ejerciendo sobre México, a lo que se suman las constantes “amenazas” de imposición de nuevos aranceles.
Consideró que el mandatario estadounidense también mantiene una perspectiva negativa sobre los procedimientos que se les siguen a narcotraficantes como los extraditados, porque no confía en que realmente enfrenten la justicia.
Otros especialistas en seguridad señalan que lo que también se observa como parte del incumplimiento del debido proceso que se les dio los “55 extraditados” están algunas violaciones a sus derechos humanos, al derecho a la defensa y a la garantía de que nadie puede ser privado de su libertad o expulsado de su país sin las debidas formalidades legales.
Ante este panorama, expertos consideran que la reiterada apelación del discurso oficial a la universalidad de los derechos humanos se desmorona.