A 7 años del accidente aéreo en el que murieron la exgobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el exsenador Rafael Moreno Valle Rosas, la situación jurídica de las personas detenidas sigue sin resolverse plenamente.
Hasta ahora, las indagatorias que ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) han derivado en varias aprehensiones, modificaciones de medidas cautelares, amparos y procesos aún abiertos.
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En el marco de la investigación por el desplome del helicóptero tipo Agusta A109S, matrícula XA‑BON, el 24 de diciembre de 2018, que provocó la muerte de la pareja y tres tripulantes, la dependencia ha cumplido 10 órdenes de aprehensión, principalmente contra empleados y directivos de la empresa de mantenimiento Rotor Flight Services.
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Detenidos vinculados a la muerte de Martha Alonso y Rafael Moreno
De esos 10, siete quedaron vinculados a proceso penal, mientras tres lograron librar la investigación penal mediante amparos, lo que les permitió evitar la vinculación a proceso por los delitos que se les imputan, entre ellos homicidio culposo y daño en propiedad ajena. Entre los casos más relevantes está la detención y vinculación a proceso de Fabiola N, trabajadora de la empresa encargada del mantenimiento, en febrero de 2023.
El fiscal de Puebla, en ese entonces Gilberto Higuera Bernal, señaló que la imputada enfrentaría prisión preventiva justificada mientras se desarrollaba su juicio.
Otro caso que generó atención fue el del empresario José Antonio N, dueño de la empresa vinculada al helicóptero, a quien un juez le modificó las medidas cautelares pero no lo liberó del todo, permitiéndole continuar el proceso penal sin estar recluido, aunque sigue sujeto a la acción de la justicia.
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Otras personas que estuvieron bajo custodia han salido de prisión tras obtener amparos o la modificación de sus medidas, como Ricardo N y Miguel N, quienes tras pasar tiempo en reclusión pudieron recuperar su libertad bajo condiciones establecidas por jueces.
A pesar de los avances, ninguno de los imputados ha recibido una sentencia condenatoria firme, lo que mantiene el proceso en una etapa intermedia sin resolución definitiva acerca de las responsabilidades penales.