Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar el 8% al impuesto a videojuegos “violentos”, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, explicó que la salida correcta es su modificación o derogación legislativa principalmente en la Ley de Ingresos la Federación para el ejercicio fiscal de 2026, que se aprobó en octubre.
“Este anuncio genera un problema jurídico ya que el impuesto no es solo una estimación en la Ley de Ingresos, sino una obligación fiscal creada en ley formal. El Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño. La falta de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en la ley”, advirtió.
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Además, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2026, quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025.
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En tanto, incluye el concepto de recaudación “Videojuegos con violencia” dentro del rubro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Impuesto a videojuegos violentos tiene recaudación estimada de 183 mdp
También tiene una recaudación estimada de 183 millones de pesos para el ejercicio
fiscal del 2026.
La solución jurídica es una reforma o derogación del Congreso de la Unión, en el cual se debe derogar el el inciso K), fracción I, art. 2º de la Ley del IEPS.
Una vez modificada la Ley del IEPS, resulta procedente, ajustar la Ley de Ingresos de la Federación 2026, eliminar el concepto de recaudación correspondiente a videojuegos con violencia.
Asimismo, recalibrar las estimaciones de ingresos, también se podría optar por la vía administrativa como alternativa de corto plazo, mediante la emisión de un decreto presidencial de estímulo fiscal, con fundamento en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, a través del cual el Ejecutivo Federal estaría facultado para otorgar exenciones, reducciones o créditos fiscales respecto del IEPS aplicable a los
videojuegos.
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En este sentido, el estímulo fiscal permitiría neutralizar el cobro, pero no corregiría la
inconsistencia normativa de fondo, ni otorgaría certeza jurídica a largo plazo a los
contribuyentes.
“Se trataría, por tanto, de una medida de contención administrativa, útil para evitar la aplicación inmediata de un impuesto inviable, pero insuficiente como solución definitiva, la cual requeriría necesariamente una revisión legislativa del diseño del gravamen”, explicó.