La justicia federal dictó una sentencia que garantiza educación a niños de nivel básico de Cochoapa el Grande, en Guerrero.
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La justicia federal dictó una sentencia que garantiza educación a niños de nivel básico de Cochoapa el Grande, Guerrero, el municipio con mayor rezago del país e inmerso en la violencia.

Esta victoria no sólo es legal, sino cultural. La jueza Maribel Castillo Moreno resolvió el amparo (1249/2025) a favor de la comunidad, y la sentencia fue leída a los estudiantes en un formato pionero: lectura fácil en lengua tu’un savi (mixteco) y su traducción en español.

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La lucha que tumbaron al sistema

La sentencia es el resultado de la lucha y tenacidad de un comité de padres de familia —integrado por Paulino Vázquez de la Cruz, Ramiro Aguilar Ortiz e Irma Tito Basilio— quienes se negaron a ver a sus hijos en el abandono en que estaban.

Estudiantes como Erick, Dilan Aron, Wrayann y Norydelma viajaron tres horas hasta el municipio de Tlapa el jueves pasado, para escuchar el resultado de la batalla legal. El actuario judicial se enlazó por videollamada y les confirmó el triunfo después de dos años de súplicas ignoradas a las autoridades.

La jueza les dijo: “Me enteré de que en su escuela no hay maestros para impartir todas las clases(…) decidí que ustedes tienen derecho a recibir una educación completa con maestros suficientes(…) Por eso, en esta sentencia ordené que se tomen medidas para asignarles a todos sus maestros(…) La ley está de su lado.”

Maestros garantizados en Cochoapa: El resultado

Los padres interpusieron la demanda de amparo el 21 de octubre de 2025, hartos de que la falta de docentes afectara a sus hijos, empujándolos fuera de la escuela y, en casos extremos (como en Joya Real), al matrimonio a los 11 o 12 años.

El pasado 10 de diciembre, la jueza concedió la suspensión definitiva, y la sentencia final detalla lo conseguido:

  • Dos maestros de Español (60 horas).
  • Un maestro de Matemáticas (25 horas).
  • Un maestro de Artes (26 horas).
  • Un maestro de Educación Física (24 horas).

Las instituciones educativas tienen que cumplir con la sentencia y mandar a los docentes.

De lo contrario, se enfrentan a consecuencias legales que incluyen multas de hasta 127 mil pesos y posibles carpetas de investigación contra los funcionarios.

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Esta sentencia no sólo repone las clases, sino que asegura una educación intercultural y digna, demostrando que la niñez y la juventud de la Montaña tienen esperanza y pueden ganar la batalla por sus derechos.

Aunque no hay un tiempo específico para cumplir el fallo, una vez que la sentencia cause ejecutoria, el juzgado dará un breve término a la SEG para que cumpla la sentencia en sus términos.

La Escuela Secundaria TécnicaSor Juana Inés de la Cruz”, actualmente cuenta con una plantilla de 13 docentes frente a grupo y un director, lo que significa un faltante de cinco docentes y dos prefectos para atender la matrícula que es de 364 alumnos.

Editora de la sección Estados en el diario 24 HORAS. Integrante del equipo desde 2018. En sus 38 años de carrera se ha especializado en edición de diarios.