El pasado 24 de diciembre, la Fiscalía de Veracruz informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra del periodista Rafael 'Lafita' León. En un principio, la dependencia de seguridad lo acusó por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.
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"La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial con sede en el distrito de Coatzacoalcos en contra de Rafael “N”", informó la Fiscalía de Veracruz.
El hecho causó bastante indignación entre la población como entre periodistas del estado y del país. Esto debido a que Rafael León es conocido por ser un periodista dedicado a la fuente de la nota roja en el municipio de Coatzacoalcos.
Debido a los hechos, Artículo 19 en México señaló que la imputación de estos delitos era una 'medida desproporcionada'. Además de ello, mencionó que la imputación era una maniobra que tiene como efecto el frenar la cobertura que Rafael llevaba a cabo.
"El proceso en contra de Rafael es un acto arbitrario que enciende las alarmas a nivel nacional y se suma a otros recientes, como la vinculación a proceso del periodista Rodolfo Ruiz en Puebla, y refuerza la preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación", señaló Artículo 19.
Investigación contra 'Lafita' León
A causa de la magnitud del caso, la presidenta Claudia Sheinbaum terminó cuestionada acerca del caso, principalmente por los delitos por terrorismo. Ante ello, la mandataria pidió a la Fiscalía de Veracruz aclarar los cargos, ya que, en sus propias palabras, no existen antecedentes de imputaciones por terrorismo.
“No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y, en todo caso, explicarlo. Porque no ha habido una acusación por terrorismo en México yo creo que nunca. Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, refirió la titular del Ejecutivo.
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Actualmente, la fiscalía del estado imputó a Rafael León solamente los cargos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública. Debido a ello se estableció la vinculación a proceso en su contra y la prisión domiciliaria por un año como medida cautelar.