A dos semanas de haber recuperado parcialmente su libertad, el veterano periodista veracruzano de nota policiaca, Rafael León Segovia, mejor conocido como Lafita, desde el arraigo domiciliario que enfrenta asegura que no fue más que una represalia orquestada por la ahora exfiscal regional de la zona con sede en Coatzacoalcos, Carla Díaz Hermosilla.
El comunicador describe su estancia tras las rejas acusado de terrorismo como una inmersión en un infierno donde la justicia se subasta al mejor postor.
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Tras quedar detenido el pasado 24 de diciembre, el proceso judicial del reportero dio un giro significativo durante la audiencia del pasado 30 de diciembre. Aunque inicialmente la Fiscalía General de Veracruz intentó sostener la acusación de terrorismo —cargo que lo habría mantenido en prisión preventiva oficiosa por largo tiempo— la fragilidad de los argumentos presentados obligó a la representación social a desistirse.
Esta maniobra se vio por la defensa y por el gremio periodístico como un reconocimiento implícito de que la imputación original carecía de sustento legal sólido y respondía más a una estrategia de intimidación que a una realidad delictiva.
En consecuencia, al comunicador lo vincularon a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Pese a la reclasificación de los cargos, que son considerablemente menores al de terrorismo, el juez determinó la medida cautelar de arraigo domiciliario por un año.
Las autoridades pretendieron presentar como un acto ilícito el hecho de que el periodista reciba avisos directos sobre sucesos violentos y sea, en ocasiones, el primero en arribar a la escena; no obstante, esta premisa ignora que su número telefónico es de dominio público y está vinculado abiertamente a sus redes sociales para facilitar el contacto ciudadano.
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Al respecto, la organización Artículo 19 y el Comité para la protección se periodistas han señalado que lo que subyace en este proceso es un castigo punitivo por documentar la inseguridad que padece Veracruz, transformando las herramientas legítimas de un reportero de nota roja en supuestos indicios delictivos para silenciar la denuncia social.
Según León, su encarcelamiento fue el precio por señalar las irregularidades de funcionarios veracruzanos que, asegura, operan una red de corrupción que incluye desde la fabricación de pruebas hasta el robo de vehículos y señala directamente a figuras como el fiscal de distrito Ludwin Francisco Cruz Marcial y mandos de la policía ministerial.