La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que los ministros no utilizarán las camionetas blindadas que les entregaron la semana pasada, valuadas em 2.4 millones de pesos cada una, y las devolverán al Órgano de Administración Judicial (OAJ).
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Durante la 12ava sesión del Comité de Adquisiciones del Órgano de Administración Judicial (OAJ) se autorizó el gasto de 22.1 millones de pesos más IVA para la compra de nueve vehículos con características especiales de seguridad para el uso del mismo número de ministros.
Se trata de camionetas Grand Cherokee blindadas que les fueron entregadas a los ministros la semana pasada, con un valor de 2.4 millones de pesos por cada una, como parte de una renovación total del parque vehicular del nuevo Poder Judicial.
El contrato fue asignado a la empresa Total Parts and Components y los ministros emitieron este domingo un posicionamiento conjunto en el que anuncian que no harán uso de las camionetas y las regresarán para que, en su caso, sean asignadas a juzgadores con mayor nivel de riesgo.
SCJN no usará camionetas
"Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable", indicaron en un comunicado.
Los nuevos ministros reiteraron su "compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera".
Informaron que con el fin de precisar la información, este lunes se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal.
A su vez, el pasado sábado, el nuevo Poder Judicial de la Federación, a través del Órgano de Administración Judicial (OAJ), reportó que gastó 252 millones de pesos en la compra de 571 vehículos, incluidas las nueve camionetas blindadas de los ministros de la Suprema Corte.
En un comunicado, el OAJ explicó que entre 2022 y 2025, el entonces Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 automóviles, por lo que “mantener el modelo de arrendamiento anterior en esta nueva etapa del PJF habría implicado un gasto de 366.2 millones de pesos por año, con contratos de al menos tres años de vigencia".
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Inversiones y costos
Ante este escenario, indicó que "se optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán a partir de 2026 las necesidades de movilidad del OAJ, la SCJN y el TEPJF. Esta inversión equivale al 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento, e implica un ahorro estimado de 1,098 millones de pesos en los años 2026 al 2028".
La renovación del parque vehicular también generará ahorros operativos adicionales porque de "las unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas, lo que permitirá reducir aproximadamente en un 30% el gasto en combustible, además de disminuir el impacto ambiental".
Por su parte, los costos de mantenimiento se reducirán en al menos un 70% en comparación con los modelos anteriores que presentaba fallas recurrentes, altos consumos de combustible y largos tiempos de espera en talleres, lo que afectaba la operación cotidiana.
OAJ tenía información
Otra de las justificaciones fue que adicionalmente, la adquisición permite que los vehículos puedan enajenarse a valor de mercado al concluir su vida útil y no como chatarra, como ocurría bajo el modelo de arrendamiento anterior donde los vehículos regresaban al arrendador sin generar ningún beneficio adicional.
En el caso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial aseguró que tuvo conocimiento de diversos incidentes de seguridad, derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios. "Esto hizo evidente la necesidad inmediata de contar con vehículos confiables, en condiciones óptimas y técnicamente adecuados".
La decisión responde, por tanto, a la obligación de "no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para dichos usuarios en el ejercicio de funciones constitucionales de la más alta relevancia, particularmente en los niveles de jerarquía que así lo requieren en la SCJN. Con estas acciones, el Poder Judicial de la Federación reafirma su compromiso con el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos, fortaleciendo su capacidad operativa y priorizando la seguridad, la austeridad y la rendición de cuentas".