Los gobiernos de México y Estados Unidos están en una lucha constante por hacerse de la narrativa de la “cooperación’’ en el combate a la delincuencia.

No es la primera vez que chocan las versiones entre ambos gobiernos en casos de detenciones o entregas de capos del narco, siempre de este lado del Río Bravo.

El último episodio ocurrió el jueves pasado, durante la ¿entrega?, ¿captura? del exatleta olímpico canadiense, Ryan Wedding, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, de ser El Chapo del país de la hoja de maple.

Lo que debió ser un triunfo para la justicia, a secas, se convirtió en un duelo de versiones.

Mientras que el director del FBI, Kash Patel, que se encontraba de visita secreta en el país destacó la colaboración “en campo’’ de agentes mexicanos y de su país, la Secretaría de Seguridad informaba, tarde, que se había tratado de una “entrega’’.

Haya sido como haya sido, el asunto volvió a encender el debate sobre la participación de los agentes de la DEA o el FBI en territorio nacional, contraria al discurso presidencial de “cooperación sin subordinación’’.

Como sea, la percepción ciudadana de que “ya están entre nosotros’’, será muy difícil de erradicar, no solo por la detención de Wedding, sino por la llegada de un avión militar al aeropuerto de Toluca, algo en lo que el gobierno de la 4T tropezó al tratar de justificar.

¿Usted qué cree?

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Desde que rindieron protesta como ministros de la Corte (el primero de septiembre del 2025), no ha habido un día en que el Tribunal sea noticia y no por buenas razones.

Lo último fue el descubrimiento periodístico de la compra de camionetas blindadas para los ministros que, precisamente, criticaron hasta la náusea las “prácticas neoliberales’’ de sus antecesores, y la asignación de un contrato para un retrato al óleo de Lenia Batres.

La Corte dijo, sobre el retrato de Batres, que sí se había adjudicado el contrato pero que la artista ganadora no había cumplido con el mismo por lo que no se realizó ningún pago.

Y ayer mismo la Corte emitió un comunicado para informar que los ministros no utilizarán las camionetas “machuchonas’’, que las regresarán o que las entregarán para que otros jueces o ministros con mayor riesgo las utilicen.

Pero no fue por convicción, lo hicieron porque el pueblo lo cuestionó, con sobrada razón.

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El escándalo destapado en octubre pasado que involucró a su jefa de oficina en el Senado, Anel Bautista Delgado, le sigue pasando factura a la senadora Ana Lilia Rivera, suspirante a gobernadora.

Ese mes quedó al descubierto un esquema de extorsión a manos de personal del Senado, en el que participó Anel Bautista, entonces jefa de oficina de Rivera.

El método utilizado era enviar oficios desde la Comisión de Defensa, que preside la tlaxcalteca Rivera, para ofrecer “asesorías’’ y “conferencias’’ que después eran cobradas y cuyos recursos no ingresaban a las arcas de la Cámara alta.

Rivera se deslindó; dijo que el personal se lo habían asignado en el Senado cuando llegó, pero pocos creyeron la versión pues ya tenía trabajando con Bautista nada más siete años.

La jefa de oficina fue corrida pero no se sabe si se le siguió un proceso penal, no solo administrativo, ni qué pasó con el resto de los nombres que participaron en la cadena de extorsión disfrazada.

Rivera aparentemente salió librada del escándalo, pero a nivel estatal, políticos de su propio partido (Morena) y empresarios locales la ven, por lo menos, con suspicacia.

Y créalo, es lo menos.

 

     @adriantrejo