Guanajuato sigue ocupando uno de los primeros lugares en materia de inseguridad desde hace varios años.

Gobernadores van y vienen (panistas desde 1991 con Carlos Medina Plascencia) y la entidad sigue en el foco de la atención nacional no por los mejores motivos.

La matanza registrada el domingo en una cancha de futbol en Salamanca, presuntamente resultado de una disputa entre dos cárteles, suma una más a la lista de hechos en donde los muertos se cuentan por docena.

La gobernadora en turno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, salió a declarar lo de siempre: que no habrá impunidad, bla, bla, bla.

Y si bien es cierto que los temas de delincuencia organizada son materia federal, también lo es el hecho de que los gobernadores se escudan en ese recoveco legal para deslindarse de sus responsabilidades.

Gobernadores (de todos los colores) y presidentes municipales han dejado de hacer su tarea en la prevención de los delitos.

Acusan que se les redujo el presupuesto en materia de seguridad a partir del 2018, pero las masacres ya venían de años atrás.

No basta con que los gobernadores recojan cadáveres o se limiten a las frases hechas, también tienen responsabilidad por más que quieran evadirla, como en Guanajuato.

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Salomón Jara “ganó’’ la consulta de revocación de mandato con casi el 60% de los votos a favor de que continuara en la gubernatura de Oaxaca.

Sin embargo, la consulta no cumplió con el requisito de participación de cuando menos el 40% de los votantes de la lista nominal, pues apenas lo hicieron el 29.9% de los oaxaqueños.

Hay, sin embargo, noticias de alarma para Jara y su grupo.

Por ejemplo, en la capital Oaxaca, el 70% de los votantes lo hizo a favor de la revocación de mandato; lo mismo pasó en otros distritos electorales importantes.

Bueno, cómo estaría el asunto que Jara perdió hasta ¡en su propia casilla!

Si Jara cree que tiene a Oaxaca controlada y se niega a ver los mensajes resultado de la consulta, no se extrañe que en unos meses veremos una revuelta social en la entidad, azotada por la peor crisis de inseguridad de su historia.

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El que fuera considerado no hace mucho uno de los centros de investigación más importante del país, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sufre hoy los resultados de la grilla política con la que la 4T se hizo de su control.

Ayer, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, ordenó la destitución del actual director José Antonio Romero Tellaeche y designó en su lugar, de manera interina, a la investigadora Lucero Ibarra.

Romero Tellaeche fue impuesto en la dirección del CIDE por la entonces directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, por medio de un proceso sucio, plagado de irregularidades, mediante una sesión de Consejo Directivo que investigadores y alumnos consideraron espurio.

Ahora Romero Tellaeche no se quiere ir porque, dijo, “no ha sido destituido’’ conforme al reglamento ni se ha convocado al Consejo Directivo; pide legalidad para irse cuando no la hubo cuando llegó.

El destituido director del CIDE había sido denunciado el 21 de noviembre pasado por el Seminario Interdisciplinario de Mujeres, Género y Feminismos (SIMGF) después de haber presentado, un día antes, el 20 de noviembre, una demanda por "daño moral" contra la doctora Catherine Andrews, profesora-investigadora de la División de Historia.

Se le acusa, además, de haber ejercido violencia de género sistemática, acoso laboral, irregularidades financieras, falta de transparencia y deficiencias en los procesos de contratación.

Nada más.

 

     @adriantrejo