La crisis política y social en Minneapolis volvió a escalar luego de que el gobierno de Donald Trump confirmara la suspensión —en calidad de licencia administrativa— de dos agentes federales implicados en la muerte a tiros de Alex Pretti, enfermero y ciudadano estadounidense de 37 años. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sostuvo que se trata de un “protocolo estándar”, mientras el caso reaviva el debate nacional sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios.
Según un análisis de vídeo de The New York Times, los dos agentes que abrieron fuego dispararon 10 veces, incluidos seis tiros cuando Pretti ya estaba inmóvil. Una revisión preliminar interna consignó que, durante el forcejeo, un agente gritó repetidamente “¡Tiene un arma!”, aunque no establece que Pretti la hubiera blandido; el arma era de portación legal y, de acuerdo con los reportes, nunca fue desenfundada.
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El episodio ocurre semanas después de otro caso que tensó a la ciudad: el 7 de enero, un agente del ICE ejecutó a Renee Good, también de 37 años. En ese clima, el jefe de la Casa Blanca había dicho que buscaba “desescalar” en Minnesota, pero tan sólo unas horas después arremetió contra el alcalde demócrata Jacob Frey por rechazar la cooperación municipal con la ofensiva federal: “está jugando con fuego”, escribió en Truth Social. Frey respondió que la policía local debe proteger a los residentes, no aplicar leyes federales que van contra las comunidades migrantes.
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La administración trumpista elevó la presión. La fiscal general Pam Bondi informó la detención de 16 personas acusadas de agredir a agentes federales y anticipó más arrestos. A la vez, senadores demócratas plantearon condiciones para discutir la financiación del Departamento de Seguridad Nacional: piden identificación visible, límites al uso de mascarillas y apego a estándares convencionales de fuerza, con la fecha límite del viernes como telón de fondo.