Como parte del Plan de Justicia para trabajadores agrícolas de San Quintín, Baja California, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó la transformación de la primera Unidad Médica Rural (UMR) en Unidad de Medicina Familiar (UMF), lo que representa un paso clave en la garantía del derecho a la salud para comunidades rurales.
Al respecto, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, explicó que esta Unidad rural que pertenecía al IMSS Coplamar, brindaba atención médica a población sin seguridad social. “Hoy, bajo una decisión histórica tomada en julio pasado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estas unidades se incorporan plenamente al IMSS y evolucionan hacia un nuevo modelo de atención”.
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El titular del IMSS detalló que la UMF de Camalú contará con dos consultorios de medicina familiar, atendidos por médicos especialistas; operará como modelo de atención universal, en el que, cualquier persona recibirá servicios médicos, sin necesidad de comprobar afiliación a algún sistema de seguridad social.
Precisó que el nuevo modelo también fortalece el papel de la enfermería comunitaria, ampliación del abasto de medicamentos e incorporación de equipos para pruebas rápidas de laboratorio, acercando servicios que antes no estaban disponibles en este tipo de unidades.
Existen 3 mil 600 Unidades de Medicina Rural en 19 estados: IMSS
Informó que a nivel nacional existen 3 mil 600 Unidades de Medicina Rurales en 19 estados, las cuales se transformarán de manera gradual en Unidades de Medicina Familiar. “La unidad de Camalú se convierte así en la primera del país en concretar esta transición, como parte del Plan de Justicia para el Valle de San Quintín”.
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Asimismo, anunció que el hospital de la región se convertirá en hospital de zona, duplicando su capacidad de camas y quirófanos con nuevas especialidades, todo ello, para resolver más padecimientos sin alejar la atención de la comunidad.
Esta nueva unidad contó con una inversión de 3.22 millones de pesos, incluyó acciones integrales de sustitución de acabados e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, a fin de mejorar la atención para una población beneficiaria que supera los 7 mil 300 derechohabientes.