Por haber revivido la patente del principio activo Denosumab que sirve para prevenir pérdida de masa ósea, la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM), integrante de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR), denunció un retroceso jurídico que vulnera el derecho humano a la salud, luego de la resolución emitida el pasado 22 de enero por el Poder Judicial Federal, en la que se ordena "revivir" la patente del principio activo Denosumab comercializado como Prolia.
Fabricantes advierten riesgo en inversiones por fallo del PJ que revivió patente de un compuesto activo llamado Denosumab
"Resucitar una patente que expiró legítimamente en 2022 rompe con la certeza y la seguridad jurídica que deben regir al sector farmacéutico, y envía una señal de profunda incertidumbre a inversionistas, fabricantes y proveedores", advirtió Ricardo del Olmo, Director de ANAFAM.
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"Este fallo no es un asunto técnico: vulnera de facto el Derecho Humano a la Salud al restringir el acceso a tratamientos seguros y asequibles para millones de mexicanos, y compromete tanto la competencia como la sostenibilidad del sistema de salud pública", señaló.
De acuerdo con los fabricantes de medicamentos, la patente había expirado en 2022, lo que permitió la entrada legal de medicamentos genéricos y biocomparables al mercado mexicano.
“Su reactivación, tres años después de su vencimiento, vulnera los principios de certeza y seguridad jurídica, al modificar de manera retroactiva las condiciones bajo las cuales operan los actores del sector farmacéutico”, refirieron.
De acuerdo con ANAFAM “esta decisión altera las reglas de competencia, afecta inversiones realizadas conforme al marco legal vigente y sienta un precedente que pone en riesgo el equilibrio entre innovación y acceso a medicamentos”.
Criterio no tomado en cuenta
La Asociación acusó que, pese a que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se pronunció en contra de reactivar la patente ya caducada con argumentos sólidos, su criterio no se tomó en cuenta en la resolución judicial, generando incertidumbre regulatoria.
Desde la perspectiva de salud pública, ANAFAM dijo que la medida vulnera de facto el Derecho Humano a la Salud, al limitar la disponibilidad de tratamientos más asequibles para pacientes con cáncer óseo y osteoporosis, impactando tanto a las familias como al presupuesto de las instituciones públicas.
Por ello, la Asociación hizo un llamado a las autoridades mexicanas para revisar este fallo y, a su vez, alinear el marco normativo aplicable, ya que la ampliación de vigencia de patentes es un régimen de excepción, por lo que en todo caso deberá aplicarse bajo un estricto escrutinio, ponderando los impactos que dichas ampliaciones puedan tener sobre el acceso a la Salud, cuyo desarrollo progresivo es tutelado por el artículo 26 del pacto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José.