El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía que marca un giro en los 27 años de chavismo y abre la puerta a la liberación de cientos de presos políticos.
La medida, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez —quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en la incursión militar de Estados Unidos del 3 de enero— avanza ahora a su despacho para su promulgación.
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La aprobación llegó después de una semana de tensiones y de un debate suspendido por desacuerdos sobre el alcance del artículo 7, pieza clave del texto.
El artículo, finalmente modificado y respaldado por todos los bloques, establece que la amnistía cubrirá a toda persona procesada o condenada por hechos ocurridos durante el chavismo, y permite a los opositores en el exilio solicitar el beneficio mediante un representante legal.
El Parlamento también ajustó el artículo 8, que especifica los episodios incluidos —desde el golpe de 2002 hasta las protestas de 2024— y aprobó el artículo 9, que excluye violaciones graves de derechos humanos y acciones armadas promovidas con apoyo extranjero.
El contexto humanitario presiona al nuevo gobierno. Según la ONG Foro Penal, aún permanecen 644 detenidos por motivos políticos, pese a las 448 excarcelaciones registradas desde enero. Familias acampan fuera de cárceles y algunas mujeres sostienen una huelga de hambre para exigir la libertad plena de sus allegados, en un proceso que ha sido lento y fragmentado.
Organismos internacionales insisten en que la amnistía debe convertirse en un puente hacia una justicia transicional integral. El desafío para Caracas será convertir una votación histórica en un cambio duradero.