El Premio Limón Agrio de la semana es para la Comisión Nacional Antimonopolio, (CNA), que preside Andrea Marván. La CNA informó finalmente el viernes que negó a Visa la adquisición del 51% de Prosa, la procesadora de pagos propiedad de Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, Invex y Banjercito.
La resolución, que se tardó dos años porque desde diciembre de 2023, Prosa y Visa notificaron a la otrora Cofece la operación, se había filtrado desde principios de semana y generó un gran enojo y preocupación en el sector bancario porque la CNA argumenta que se busca proteger a la competencia; califica a Visa como competidor con potencial disruptivo, y asegura también que el riesgo es que se eliminará la tarjeta de crédito Carnet, una opción de bajo costo, lo que desde luego niegan tanto Visa como Prosa que analizarán la resolución antes de impugnar legalmente.
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Visa manifestó su decepción y desacuerdo con la resolución de la CNA. Informó que la revisará “cuidadosamente” para analizar sus opciones legales. Sostiene que la combinación de Visa y Prosa no sólo no afectaría sino potenciaría la competencia y modernizaría el sistema de pagos en México lo que lejos de perjudicar, beneficiaría a consumidores, empresas e intermediarios financieros.
Al cierre de esta edición Prosa no había aún emitido un comunicado que será similar al de Visa. Además aclarará que Carnet no está en riesgo como sostiene la CNA porque seguiría bajo propiedad de Prosa.
Y no lo dude, la resolución de la CNA brincará a la revisión del T-MEC porque desde el 2 de febrero, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos reiteró a la Secretaría de Economía, su preocupación por el sistema de pagos electrónicos en México que no cumplen con el T-MEC y la impugnación de Visa echará más leña al fuego.
Aranceles: incierto aún el impacto para México
El Premio Naranja Dulce esta semana es para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Aseguró que se debe mantener la prudencia tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que falló en contra de los aranceles que impuso Trump bajo la ley de emergencia económica, IEEPA por sus siglas en inglés.
Y sí es necesario tener cautela o sangre fría como insiste la presidenta Claudia Sheinbaum porque es difícil determinar aún cuál será el impacto para México cuando la prioridad es la revisión del T-MEC.
La primera reacción del muy enojado Trump, fue firmar una orden ejecutiva para sustituir los aranceles recíprocos con nuevos aranceles bajo una ley de 1974 que le permite imponerlos durante 150 días sin aprobación del Congreso. Trump dijo primero que los aranceles serían de 10% pero decidió elevarlos a 15%.
México y Canadá quedarán exentos de estos nuevos aranceles, como lo estaban también de los recíprocos en los productos que cumplan con las reglas de origen del T-MEC que hace un año eran menos del 50% de nuestras exportaciones, y hoy han subido al 85%.
Sin embargo, se mantienen los aranceles bajo la sección 232 en acero y aluminio que México pretende eliminar en la revisión del T-MEC y tenemos también aranceles a la exportación de jitomate y sigue sin abrirse la frontera a la exportación de ganado en pie.
Se ve difícil ahora que Trump acepte reducir los aranceles al acero y aluminio que sí golpean a la industria automotriz.
Misión comercial a Canadá
Ebrard confirmó también que en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial iniciaron ya los preparativos para realizar una misión de empresas mexicanas a Canadá que se realizará en mayo o en septiembre dependiendo de la agenda de Mark Carney. Lo ideal sería realizarla antes de la revisión del T-MEC.
Pensiones millonarias, ¿se aplicará ley en forma retroactiva?
La iniciativa de reforma constitucional para terminar con las pensiones doradas y que para que nadie que se jubile en el sector público tenga una pensión mayor al 50% al ingreso del titular del Ejecutivo, alrededor de 70 mil pesos mensuales, sorprendió por la filtración de los nombres de algunos de los pensionados.
Según Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, los datos se obtuvieron a través de Transparencia. La secretaría asumió la función de protección de datos que tenía el INAI y la publicación de los nombres de algunos de los pensionados sí vulnera sus datos.
Buenrostro aseguró también que una vez aprobada la reforma, nadie en el sector público percibirá una pensión mayor a los 70 mil pesos. Afirma que esto no implica aplicar la ley en forma retroactiva en perjuicio de nadie, como establece la Constitución porque a todos se les reducirá la pensión, pero no se les obligará a devolver lo que han cobrado desde que se pensionaron.
No se trata de defender las pensiones doradas sino de revisar si se otorgaron o no conforme a sus contratos laborales o formaban parte de sus prestaciones.
Además de la filtración de datos personales preocupa que se pretenda aplicar una ley en forma retroactiva.
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