Con apoyos que van de los 10 mil y hasta los 100 mil pesos, el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) puso en marcha los programas Capital Semilla Ikal, Energía Vital, así como Xitopehua Empuja, los cuales impulsan proyectos productivos en las alcaldías, con perspectiva de género.
La directora general del Fondeso, Daniela Cordero Arenas, y la diputada de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios, precisaron que estas dos acciones están dirigidas para aquellos sectores que desean emprender pequeños negocios y no han recibido ningún apoyo.
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“Exhortamos a las 16 alcaldías a abrir espacios en ferias, romerías, festivales y eventos públicos para que quienes recibieron estos apoyos puedan vender sus productos”, dijo la legisladora.
Daniela Cordero Arenas, titular del Fondeso mencionó que los financiamientos van de 10 mil hasta 100 mil pesos; aclaró que estos préstamos no tienen costo y sólo los beneficiarios deberán pagar un 3 por ciento de interés.
Afirmó que el impulsar el apoyo para las personas emprendedoras de la nano, micro, pequeña y mediana empresa: no es un tema partidista, ni ideológico sino de bienestar para la ciudadanía. Sumarse a esta estrategia no significa alinearse a un color político; significa alinearse al interés público.
Sánchez Barrios agregó: “Los créditos y capitales semilla de Fondeso no son números en un presupuesto, son oportunidades de vida, herramientas para romper ciclos de exclusión”.
Durante décadas, el sistema financiero tradicional dejó fuera a millones de personas porque no cumplían con sus reglas: empleo formal, propiedades, avales, historial bancario.
La pobreza, la informalidad y la discriminación estructural no pueden seguir siendo criterios para negar derechos.
“Cuando el Estado interviene mediante programas de capital semilla y créditos sociales, no está distorsionando el mercado; está corrigiendo desigualdades estructurales y construyendo consenso en favor de un proyecto más justo”, señaló Sánchez Barrio.
Para la diputada local, la intervención pública no es asistencialismo, es una estrategia legítima de construcción democrática y de justicia social que coloca la economía al servicio de las personas y no al revés.
“Significa entender que cuando una emprendedora vende, se activa la economía del barrio; cuando un proyecto productivo crece, se fortalecen redes comunitarias; cuando el ingreso se queda en la colonia, se construye economía circular y solidaria”, puntualizó.