La normatividad para regular la convivencia y trabajo dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) están en un cajón desde hace dos años, por lo que la rectoría y el Consejo Universitario urgieron a votarlas e implementarlas.

 

Carlos Arriaga, secretario técnico del Consejo, explicó en entrevista con 24 HORAS que el Estatuto General Orgánico indica que el marco normativo debió establecerse con el primer consejo universitario, que funcionó durante 10 años.

 

Fue la Comisión de Asuntos Legislativos del segundo consejo la que elaboró un paquete de cuatro normas de convivencia que nunca se discutieron. Esto fue uno de los factores que detonaron las diferencias con la rectora, Esther Orozco, quien insistía en la normatividad para poner en orden la vida universitaria, desde que inició su mandato en 2010.

 

Los documentos, de los cuales este diario tiene una copia, establecen la creación de un tribunal de honor y justicia, una defensoría de derechos universitarios, los derechos de las personas, el cuidado del patrimonio universitario, así como una comisión de mediación y conciliación.

 

“Siempre que se planteó que llegara al pleno se obstaculizó y criticó el trabajo, se trató de eliminar. Cuando se programó que el paquete fuera discutido en el pleno universitario, se enfatizaron la toma del Consejo, rompían el quorum, no se presentaban, tomaban el pleno. Toda la vida han presentado obstáculos y renuencia total a que haya normas”, recordó Arriaga.

 

La rectora coincidió en que, desde 2010, cuando se planteó el tema de la normatividad, jamás pudieron ponerse de acuerdo en el tema y la universidad siguió funcionando así.

 

En su opinión faltan además los estatutos del personal académico, del personal administrativo y de los estudiantes para regular el trabajo y las obligaciones de los miembros de la universidad.

 

Todas estas carencias se heredaron al tercer consejo, que no ha podido resolverlas porque se inició el paro de actividades, que duró 90 días y apenas se resolvió el lunes pasado.

 

Por ello, la insistencia del consejo y la rectoría durante la firma del documento resolutivo para que se incluyera este tema en los acuerdos. Incluso, Arriaga propuso la firma de un documento elaborado el 14 de noviembre con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde se incluye este tema, sin embargo, sólo los alumnos disidentes no lo firmaron.

 

Priscila Vera, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la ALDF, aseguró que aun así se trabajará de inmediato en el tema de la normatividad para garantizar que no se vuelva a repetir un paro como el que dejó sin clases durante tres meses a 15 mil estudiantes.