En un caso relacionado con la explotación laboral de jornaleros mexicanos con visas H-2A, Alexander Villatoro Moreno, de 53 años y también conocido como “Quichi”, se declaró culpable ante una corte federal en Tampa, Florida, Estados Unidos, por conspiración bajo la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (Rico, por sus siglas en inglés).
De acuerdo al Departamento de Justicia de EU, Villatoro Moreno y sus coacusados operaban la empresa de contratación agrícola Los Villatoros Harvesting (LVH), la cual funcionaba como una empresa criminal que obligaba a trabajadores mexicanos a laborar en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte entre 2015 y 2017, durante la cosecha de frutas, verduras y otros productos agrícolas.
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Según la investigación, los acusados reclutaban de manera fraudulenta a ciudadanos mexicanos para trabajar en Estados Unidos con visas temporales H-2A, cobraban cuotas excesivas de reclutamiento y les mentían sobre el salario, las jornadas laborales, las condiciones de trabajo y el reembolso de gastos. Posteriormente, los trabajadores eran obligados a realizar labores agrícolas físicamente exigentes durante largas jornadas de seis a siete días a la semana por un pago inferior al que establecía la ley.
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Además de explotación laboral de jornaleros, documentaron diversas formas coerción
Las autoridades también documentaron diversas formas de coerción, entre ellas la imposición de deudas, la confiscación de pasaportes, condiciones de vivienda hacinadas e insalubres, abuso verbal, amenazas de arresto, cárcel o deportación, así como la intimidación con posibles daños a familiares en México si los trabajadores no cumplían con las exigencias.
Cuando comenzaron las investigaciones, Villatoro Moreno obstruyó las pesquisas federales al ayudar a elaborar información falsa de nóminas para ocultar pagos insuficientes y distribuir recibos falsos de reembolso para aparentar que la empresa cumplía con la ley.
Cuatro coacusados ya se habían declarado culpables por su participación en el esquema. Entre ellos, Bladimir Moreno, hermano de Villatoro Moreno y propietario de LVH, quien en 2022 quedó sentenciado a 118 meses de prisión y al pago de más de 175 mil dólares en restitución a las víctimas. Otros supervisores de la empresa también recibieron condenas de prisión o sanciones judiciales.
El caso lo investigó el Palm Beach County Human Trafficking Task Force, que incluye al FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y la oficina del sheriff del condado de Palm Beach, con apoyo de diversas agencias federales y organizaciones de defensa de trabajadores agrícolas.
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El Gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), colaboró en la extradición de Villatoro Moreno a Estados Unidos, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia coordinó las gestiones con autoridades mexicanas para su detención y traslado.