Entre tensión e incertidumbre trabajan los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP); a tres días de que termine la actual administración, nadie en la dependencia encargada en combatir la corrupción en el gobierno sabe si mantendrá su trabajo ante la propuesta del futuro presidente para desaparecer esa entidad.
En un recorrido por los distintos pisos del edificio localizado en Insurgentes Sur los testimonios de los trabajadores van de la tristeza a la broma, pasando por la preocupación. Reacio a dar su nombre, un servidor público dice con sorna: “Mejor ya ni hay que venir, total, nos van a correr el viernes”.
Un director de área cuyo salario es de 41 mil 961 pesos, comentó que desde hace un mes y medio llegó personal del equipo de transición del nuevo gobierno y han hecho a un lado al personal que todavía está en funciones; incluso han pedido que no vayan a trabajar para que los dejen recibir en paz los documentos, señaló.
El personal de confianza abarca jefes de departamento, subdirectores, directores, coordinadores y subsecretarios. Estos tienen claro que cada seis años o cada cambio de secretario o titular de dependencia es probable que pierdan su empleo pero en esta ocasión la zozobra alcanza al personal de operativo como secretarias, choferes y mensajeros, quienes ignoran qué sucederá con sus fuentes de trabajo.
Aunque saben que el Congreso no ha autorizado la desaparición de la Función Pública, nadie sabe si al menos terminarán el año o tendrán tres meses más de trabajo.
Una secretaria que se identificó como Judith, contó que ha visto a personas “del PRI”, pero ninguno le aclara nada. El ambiente, dice, es terrible porque necesita su trabajo y nadie le explica cuál será su futuro.
Los trabajadores del área de Auditoría dijeron no saber qué pasará con las investigaciones que tiene abiertas la secretaría por presuntos actos de corrupción; mientras algunos dicen que habrá “borrón y cuenta nueva”, el subsecretario Max Kaiser, sostuvo la semana pasada que los procesos deberán continuar, sin embargo, la propuesta de reforma a la Ley de la Administración Pública no estipula cuál será el mecanismo para que se cierren las investigaciones y, en caso dado, se finquen responsabilidades a los servidores.
PENDIENTES
En su última aparición pública, el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan, dijo que hay más de dos mil procesos por irregularidades administrativas que no se han concluido. Entre estos casos se encuentran los relativos a la Estela de Luz, las denuncias de corrupción contra funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.
En la SFP también está abierto un proceso contra el ex director del ISSSTE, Jesús Villalobos, a quien se acusa de quebranto patrimonial al instituto, ya que, en su carácter de director de Finanzas, pagó 300 millones de pesos por un inventario que no se realizó ni tomó las acciones necesarias para comprobar que el trabajo se llevara a cabo.