Transparencia para el Pueblo informó que ha orientado sus acciones a la implementación de un modelo centrado en las personas.
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Transparencia para el Pueblo informó que a un año de la publicación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha orientado sus acciones a la implementación de un modelo centrado en las personas, particularmente en quienes históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso a la información pública, así como en construir capacidades institucionales, analizar y atender los rezagos heredados.

De esta manera, la atención de los 5 mil 991 medios de impugnación presentados en el año 2025 es resultado de una labor imparcial en la aplicación de la ley por parte de esta autoridad garante.

A través de su Oficina de Transparencia para el Pueblo “Conecta”, ha brindado más de 14 mil atenciones, facilitando que las personas presenten solicitudes, comprendan la información pública y ejerzan este derecho sin intermediarios.

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Con la emisión de los lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, indicó que se establecieron criterios para que la información que publican las instituciones sea clara, homogénea y útil en temas de interés social como presupuesto, contrataciones, pensiones, género y medio ambiente; lo que permite no solo conocer qué hacen estas, sino formular preguntas, visibilizar brechas y comprender mejor la vida pública del país.

Durante el periodo mencionado, se instaló el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, como un espacio de coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno para construir reglas comunes y fortalecer su implementación. A la fecha, 18 entidades federativas han armonizado su marco normativo, lo que "refleja un avance significativo en la construcción de un modelo basado en la colaboración y la corresponsabilidad".

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A su vez, cuando las personas no estuvieron conformes con la respuesta de una institución, acudieron a Transparencia para el Pueblo para hacer valer su derecho; en el 49% de los casos, la resolución instruyó un cambio en la respuesta inicial otorgada y en el 25% la institución corrigió su respuesta en el proceso.

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