El Congreso del Estado de Chiapas se convirtió en uno de los primeros legislativos locales en respaldar el denominado “Plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Plan B modifica la Constitución 'para bien'
La propuesta, que modifica diversos artículos de la Constitución Política de México y leyes secundarias, fue avalada con 32 votos a favor y 3 en contra durante la sesión del pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza.
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El dictamen aprobado establece un recorte y una limitación al gasto de las autoridades electorales, así como de congresos locales y municipios. Asimismo, refuerza la fiscalización de los partidos políticos, aunque sin modificar directamente sus erogaciones ordinarias.
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Entre los puntos más relevantes de la reforma se contempla que los congresos locales no podrán ejercer un gasto superior al 0.7 por ciento del presupuesto total de sus respectivos estados. También se reduce el número de regidurías en los ayuntamientos y se ajustan los salarios de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y organismos electorales locales, en línea con las políticas de austeridad impulsadas por el gobierno federal.
Cabe recordar que el actual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, cuando fungió como presidente del Congreso local impulsó y logró la votación para reducir las sindicaturas y regidurías, fijando un máximo de seis regidurías propietarias y hasta tres por representación plurinominal, medida que ahora se replica en el Plan B.
De acuerdo con los datos presentados durante la sesión, Chiapas se encuentra entre las cinco entidades con menor gasto legislativo a nivel nacional, lo que refuerza la viabilidad de las nuevas disposiciones.
Además, uno de los ejes centrales de la reforma electoral aprobada obliga a los dirigentes y funcionarios de partidos políticos a no percibir sobresueldos y a reportar de manera puntual todas sus operaciones financieras, con el objetivo de transparentar el manejo de los recursos públicos y partidistas.