Lo que comenzó como un conflicto familiar por herencia se ha convertido en un presunto abuso de poder con ribetes de despojo y corrupción local. Hermila “N”, mujer indígena de una comunidad de Altamirano, Chiapas, se encuentra privada de su libertad, según sus defensores. Lo anterior, por negarse a entregar los bienes que construyó junto a su esposo, quien actualmente permanece desaparecido.
Terrenos, una camioneta y un tractor son el patrimonio logró acumular junto con su esposo tras años de trabajo. Pero ahora, denuncian familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, sus propios suegros y cuñados —con el presunto respaldo de autoridades ejidales y del propio presidente municipal, Gaspar Santiz Jiménez— habrían orquestado su encarcelamiento para arrebatárselo.
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“Si no cede con la presión, seguirá encarcelada”, advierten voces cercanas a la víctima, quienes temen que el encierro sea una estrategia para quebrantarla y consumar el despojo.
Señalan a alcalde de estar involucrado
Las acusaciones apuntan directamente al alcalde Gaspar Santiz Jiménez, a quien señalan de omisión o posible involucramiento directo en esta privación injusta de la libertad. De acuerdo con la denuncia ciudadana, las autoridades locales y comunitarias habrían actuado de manera coordinada para criminalizar a Hermila; mientras los presuntos despojadores actúan con impunidad.
“No es un pleito de familia nada más. Es un aviso de cómo operan en muchas comunidades: si te resistes al despojo, te encierran. Y si eres mujer y tu esposo no está, mucho peor”, denunció una activista local que ha dado seguimiento al caso.
Ante la presión social y el riesgo de una violación grave al debido proceso, la Fiscalía Indígena del estado de Chiapas ya intervino en el caso.
Fuentes oficiales aseguran que se están realizando las gestiones necesarias para que Hermila recupere su libertad “en los próximos minutos”. Sin embargo, defensores y familiares mantienen la alerta: temen que, sin una mirada nacional, el caso quede en un simple trámite burocrático.
“No queremos que sea otra mujer indígena más en la lista de las que desaparecen o mueren en prisión por defender lo que es suyo”, expresó uno de sus abogados.
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Llamado al Gobierno de Chiapas
Organizaciones civiles han lanzado un llamado urgente a la Secretaría General de Gobierno de Chiapas para que investigue el papel del edil y de las autoridades ejidales.
También exigen que se garantice la integridad física de Hermila y que se active un protocolo de búsqueda de su esposo desaparecido, cuyo paradero podría estar vinculado al mismo conflicto por la tierra.
Mientras tanto, el caso de Hermila se suma a una larga lista de mujeres indígenas criminalizadas por defender su patrimonio en medio de redes de poder local que, denuncian, operan al margen de la ley.