El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad del denominado Plan B que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, tras el aval de 19 Congresos Locales.
En la sesión de este martes, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán informó que el Plan B fue aprobado en 19 Congresos Locales, que son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y de la Ciudad de México.
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“Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria: el Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformados los artículos 115, fracción primera, párrafo primero, y 116, fracción segunda, párrafo segundo. Y, adicionado el artículo 134, con un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes, en su orden, de la constitución constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, informó Kenia López Rabadán.
La reforma establece un tope de 15 regidurías en los ayuntamientos, plantea que los recursos anuales de los Congresos locales no deberán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de la entidad federativa correspondiente.
Además, las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales, titulares de secretarías, órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del INE, organismos electorales y tribunales electorales locales no podrán ganar más que la presidenta ni adquirir o contratar seguros, tener cajas de ahorro especiales.
Es decir ,no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley.
También estipula que a partir de 2027, el presupuesto del Senado de la República deberá ajustarse durante los próximos cuatro años hasta alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales, con respecto a su presupuesto de 2026.