La cuarta fue la vencida.

Por seis votos contra tres, la Corte del bienestar aprobó que para el cálculo de las indemnizaciones por responsabilidad civil, incluyendo casos de muerte, se utilice la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en lugar del salario mínimo.

Los ministros analizaron una contradicción de criterios entre las entonces Primera y Segunda Sala de la SCJN (una a favor de las UMAS y otra por el salario mínimo) pero, al revisar el fondo del asunto, aprobaron el proyecto de la ministra Lenia Batres, que propuso fijar como criterio la utilización de la Unidad de Medida y Actualización.

Organizaciones civiles se habían pronunciado en meses anteriores a este proyecto argumentando que las víctimas de accidentes dejarán de recibir hasta el 50% de las indemnizaciones por el cambio de salarios mínimos a UMAS.

Es decir, en términos llanos, la muerte por accidente se abarata.

Los ministros a favor del proyecto argumentaron que los artículos 26 y 123 de la Constitución prohíben el uso del salario mínimo como referencia para fines ajenos a lo laboral, con el fin de evitar distorsiones en su política de recuperación.

La Corte argumentó que la indemnización por muerte tiene naturaleza civil y compensatoria, no laboral directa, lo que justifica la aplicación de la UMA, además de que el uso de la UMA permite que la reparación del daño se actualice conforme a la inflación, preservando su valor adquisitivo.

Consummatum est.

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Parece que México es el único país en el mundo en el que los órganos reguladores en materia financiera le brindan todas las facilidades a una institución bancaria acusada por el Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero, entre otros.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el IPAB, admitieron hace meses de manera unilateral que los accionistas de CIBanco, literalmente devolvieran a la Secretaría de Hacienda las licencias para operar como institución financiera luego de los señalamientos del Tesoro estadounidense sin fincarles ninguna responsabilidad.

No solo eso, también le ayudaron a enajenar su División Fiduciaria (a favor de Multiva) pero sin pasarle todos los fideicomisos activos, seleccionando para quedarse en el IPAB aquellos considerados “tóxicos” por involucrar manejos oscuros o poco transparentes.

Lo más grave es que tanto la CNBV y el IPAB les ratificaron el poder a todos los anteriores apoderados que llevaron a CIBanco a su actual condición, para que de manera oficiosa defiendan desde la trinchera del IPAB, sus anteriores actuaciones, incluso llegando al absurdo de promover un amparo contra una sentencia firme donde mencionan al IPAB como autoridad responsable.

O sea los apoderados de CIBanco, ratificados por el IPAB, amparándose contra actos que ellos mismos están obligados a realizar.

¡Una joya de legalidad!

Todo con el visto bueno de la juez Ruth Haggy, especialista concursal y otros temas.

De todo esto están muy al pendiente desde el área de sanciones administrativas del grupo especializado de investigación y litigio de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero del Departamento de Justicia estadounidense, desde donde muy pronto habrá noticias.

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Ayer fue presentado como delegado del Bienestar en Yucatán, el exdirector de las aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo.

El político quintanarroense dejó el último día de marzo la dirección de las aduanas nacionales para competir, dentro de Morena, por la candidatura a la gubernatura de su estado natal.

A Marín Mollinedo se le había ofrecido ser delegado de la Secretaría de Gobernación, primero en Campeche y después en Yucatán, pero finalmente se decantó por los programas sociales federales.

 

     @adriantrejo