El diputado del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué y vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa contra el grooming, es decir, la práctica de acoso sexual vía digital de adultos hacia menores de edad.
El legislador resaltó que el grooming es la serie de conductas de persuasión, engaño, manipulación o acoso que una persona adulta ejerce sobre una niña, niño o adolescente a través de medios digitales con el propósito de generar confianza para obtener contenido sexual, inducir actos de carácter sexual o captar a la víctima con fines de explotación u otra.
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Se trata de una forma de abuso que no siempre es física, pero que puede ser profundamente dañina en lo psicológico y emocional, incluso sin salir de una pantalla.
En 2024, más de 10 mil niños y adolescentes recibieron atención por violencia sexual en hospitales públicos. Solo el 2 % de los casos se denuncia y menos del uno por ciento obtiene justicia.
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Además, México está señalado como un foco relevante en redes internacionales de abuso sexual infantil con miles de víctimas de trata.
En el entorno digital más del 20% de adolescentes que usan internet han sido víctimas de acoso cibernético. Se estima que uno de cada cinco niños ha sufrido algún tipo de daño sexual en línea y en América Latina, siete de cada diez menores ni siquiera saben qué es el grooming.
El legislador propuso establecer una coordinación efectiva entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
Asimismo, impulsar protocolos en plataformas digitales como mecanismos de reporte, control parental y verificación de datos.
Así como fortalecer la atención a las víctimas garantizando su rescate, protección, atención psicológica y reintegración.
También el reforzar acciones de prevención, particularmente frente al grooming.
Plantean reformas para iniciativa anti-grooming
Para ello, se plantean reformas a tres ordenamientos distintos que den sustento jurídico a esta iniciativa tan trascendente.
La primera, una reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Personas, y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
La segunda, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Crear un nuevo artículo 69 Ter, que obligue a las autoridades federales, estatales y municipales, a implementar de manera coordinada las políticas y acciones y protocolos derivados de esta estrategia.
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Una cuarta a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para brindar a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de coordinar toda esta estrategia.
“Legislar para proteger a las futuras generaciones es, sin duda, el legado más importante que podemos dejar a nuestro país, a nuestra sociedad, pero, sobre todo, a nuestras hijas e hijos. Porque este problema no es ajeno, puede tocar a cualquier familia, puede tocar a cualquiera de nuestros familiares, a cualquiera de nuestros menores”, argumentó.
En una segunda etapa, buscará fortalecer el marco penal para endurecer sanciones, aumentar penas y, en su caso, construir un tipo penal específico.