No son de desdeñar las estadísticas oficiales que hablan de una disminución muy sensible de los homicidios dolosos con respecto a las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad la ciudadanía expresa sus percepciones sobre la inseguridad por delitos del fuero común en modo de seguridad pública.
Las percepciones sociales sobre la inseguridad tienen que ver con los robos en el entorno cotidiano y la falta de resultados reales de las policías municipales y estatales.
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Todavía sigue muy reacio el Gobierno federal a reconocer el problema de los desaparecidos como asunto de seguridad pública y de manera improvisada aparecen por aquí o por allá algunas formas -ni siquiera fórmulas- para combatir el flagelo de la extorsión del cobro de derecho de piso.
Y hay que agregar el problema que siempre se ha insistido pero no se ha atendido: la “cifra negra” en inseguridad; en términos generales, de acuerdo con indagaciones de grupos de observadores, el 95 por ciento de los delitos no se denuncian y poco menos del 90 por ciento de las investigaciones no terminan en enjuiciamiento o sentencias que saquen a los delincuentes de circulación.
En estos últimos datos se esconden las razones que recogen las encuestas oficiales de percepción de inseguridad. Pero también es la hora en que no existe ningún programa concreto, verificable y procedimental para reformular la estructura judicial que recibe las denuncias de delitos de fuero común: los ministerios públicos y las policías de investigación son las mismas de siempre, aun cuando haya evidencias muy concretas de voluntarismo político en algunas ciudades para tocar lo que sería la esencia de la inseguridad ciudadana a nivel de calle.
Sin demeritar los datos de la baja de los homicidios dolosos, los ciudadanos tienen “otros datos” sobre la delincuencia en las calles.
Zona Zero
- No se puede considerar el inicio de una gran decisión por parte del Gobierno de Estados Unidos con los expedientes recientes contra compañías y empresarios acusados de lavado de dinero, así como los casos de empresarios y financieras denunciados por manejo de recursos ilícitos de la delincuencia.
Pero pudieran ser pistas de que finalmente las autoridades del Tesoro de EU estarían iniciando una ofensiva para revelar el tejido de intereses entre el crimen organizado y estructuras políticas y financieras.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh