La edición 19 de la Travesía Maya fue suspendida luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno al uso de la simbología Maya, con el argumento de garantizar la continuidad del evento en el largo plazo y evitar posibles conflictos legales, informó Grupo Xcaret.
La cancelación tiene efectos inmediatos en la participación de 333 personas, entre canoeros y voluntarios provenientes de distintas comunidades del estado, quienes ya se preparaban.
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La directora de Sostenibilidad y Diálogo Institucional, Ileana Rodríguez, informó que la decisión busca impedir que la celebración derive en confrontaciones, particularmente en el contexto de procesos judiciales actualmente en curso.
El pasado 26 de marzo, la SCJN revocó la suspensión definitiva que había otorgado el juzgado décimo sexto en Materia Administrativa a Grupo Xcaret. Esta medida cautelar permitía a la empresa mantener la circulación y exhibición de contenidos publicitarios que incluían elementos del patrimonio cultural maya, mientras se resolvía el juicio de fondo.
El litigio se originó en 2024, cuando la empresa interpuso un recurso legal en contra de la multa y las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), instancia que ordenó el retiro de materiales promocionales por considerar el uso de elementos de la cultura maya.
Con la revocación de la suspensión definitiva, las disposiciones del organismo federal recuperan vigencia en tanto no exista una sentencia definitiva.
Evitar tensiones, el fin
Ileana Rodríguez explicó que, frente a este escenario jurídico, la empresa tomó la decisión de suspender la edición de este año, para evitar que el evento se convierta en un punto de tensión o controversia durante el desarrollo del proceso legal.
La empresa reconoció que la legislación vigente establece la protección del patrimonio, pero no define con claridad los mecanismos para su uso dentro de actividades comerciales.
La compañía sostuvo que cuenta con autorizaciones y mecanismos de participación comunitaria para el desarrollo del evento, los cuales incluyen esquemas de colaboración, consentimiento y compensación.
El caso se enmarca en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2022), que busca la salvaguarda de estos bienes y reconoce derechos colectivos sobre su uso.
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Preocupa al sector
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Javier Olvera, advirtió que esta situación podría escalar y afectar a múltiples industrias si no se establecen reglas claras.
Entre las principales repercusiones, dijo, se identifican el impacto turístico inmediato; la incertidumbre jurídica por la falta de claridad en la aplicación de la ley; el riesgo de litigios en sectores como hotelería, espectáculos y promoción turística; así como posibles afectaciones económicas derivadas de la cancelación o modificación de productos turísticos vinculados a la cultura.