Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal General del estado de Sinaloa, acusado por EU, se une a funcionarios que solicitaron licencia.
Foto: Especial

El vicefiscal general del Estado de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, presentó una solicitud de licencia sin goce de sueldo al cargo, luego de estar incluido en la acusación del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que, con fecha 05 de mayo de 2026, el Lic. Dámaso Castro Zaavedra presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo, al cargo de Vicefiscal General del Estado”, indicó la institución.

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De acuerdo con la dependencia, la petición se encuentra sustentada en los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, apartado B, fracción XIII, del mismo ordenamiento, así como en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

La Fiscalía estatal también señaló que la solicitud se apoya en lo previsto por la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

A Castro Zaavedra lo señalan autoridades de Estados Unidos de presuntamente recibir sobornos mensuales por 200 mil pesos de Los Chapitos y alertar a esa facción del Cártel de Sinaloa sobre operativos de seguridad.

La Fiscalía sinaloense agregó que el vicefiscal manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le formulen por las vías legales correspondientes.

“Asimismo, manifiesta su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”, señaló la dependencia.

El 29 de abril pasado, la Fiscalía General de Sinaloa salió en defensa de Dámaso Castro, luego de las acusaciones del Departamento de Justicia de EU.

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La Fiscalía estatal precisó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar la procedencia legal de cualquier solicitud, “con base en datos de prueba”.

“La institución subraya que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”, señaló.

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