El fiscal general interino de la Unión Americana, Todd Blanche, anticipó que el Departamento de Justicia (DOJ) presentará nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico, en el marco de la estrategia que la administración de Donald Trump aplica contra los cárteles.
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EU afirma que habrá más cargos contra políticos mexicanos
En entrevista con NewsNation, Blanche afirmó que las investigaciones no se limitarán a los procesos abiertos la semana pasada en el Distrito Sur de Nueva York, donde se imputó a 10 personas (entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya) por narcotráfico y tráfico de armas. Según la fiscalía, el grupo operaba con el Cártel de Sinaloa mediante sobornos y respaldo político para introducir drogas a territorio estadounidense.
"Ya acusamos a múltiples funcionarios de gobierno y a un juez mexicano. Eso continuará", declaró el fiscal, quien sustituyó a Pam Bondi tras su destitución.
Blanche explicó que el viraje en la estrategia ocurrió tras el regreso de Trump al poder, cuando Washington designó al Cártel de Sinaloa, al Jalisco Nueva Generación y a otras cuatro organizaciones como terroristas extranjeras.
Añadió que las extradiciones recientes produjeron cooperación de detenidos, lo que podría derivar en nuevas imputaciones contra objetivos en México.
El funcionario describió la relación bilateral como "positiva" y aseguró que el DOJ coordina acciones con autoridades mexicanas y sudamericanas. Sin embargo, el contexto bilateral es sensible.
En abril, agentes de la CIA participaron en un operativo antidrogas en Chihuahua sin notificación previa al gobierno federal mexicano. En semanas recientes, un tribunal federal estadounidense acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de delitos vinculados al narcotráfico y tráfico de armas, junto con otros nueve funcionarios.
La Cancillería mexicana ha sostenido que Washington no ha aportado "elementos de prueba", aunque haya solicitado la detención con fines de extradición.
Sobre un eventual despliegue de tropas o agentes estadounidenses en México, Blanche aclaró que esa decisión corresponde al inquilino de la Casa Blanca y no al DOJ.