Representantes del Refugio Franciscano se manifestaron al exterior del Séptimo Juzgado de Distrito Penal, en el que exigieron justicia para el regreso de los perros y gatos al santuario luego de cumplir los tres peritajes requeridos.
Los manifestantes afirmaron que sólo las autoridades capitalinas tienen la posibilidad de determinar dónde estarían los franciscanitos; señalaron que la jueza cambió de parecer de un momento a otro y tomó partido indiscriminadamente cometiendo fraude procesal.
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“El abogado ha recibido 32 millones de pesos y es él quién ha metido el amparo” añadieron mostrando algunas pancartas de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).
En un comunicado de prensa la Fundación Hackenberg afirmó que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) continúa resistiéndose a transparentar el expediente.
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“Cuando van a investigar los 200 millones que desaparecieron, cuando van a investigar los 32 mil pesos que le dieron al abogado, cuando van a investigar la venta ilegal del predio”, exigieron los integrantes del Refugio Franciscano.
La fundación advirtió que ellos continuarán impulsando acciones legales para dar transparencia al caso y mostrar las pruebas de maltrato y “afectaciones ambientales severas” por acumulación de desechos orgánicos animales.