Un tribunal boliviano suspendió la instalación del proceso penal contra el exmandatario Evo Morales por presunta trata de una adolescente y emitió una nueva orden de aprehensión, después de que el primer presidente indígena del país no se presentara a la audiencia programada en Tarija. La decisión prolonga un expediente paralizado desde hace más de un año por la condición de prófugo del líder cocalero.
La Fiscalía sostiene que, durante su gestión presidencial, Morales mantuvo una relación con una menor de 15 años con la que tuvo una hija, y que los padres de la presunta víctima habrían consentido los hechos a cambio de beneficios. El exmandatario rechaza los cargos.
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"El proceso queda suspendido hasta que comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública" al exgobernante y a la madre de la presunta víctima, también imputada, declaró en conferencia Luis Gutiérrez, fiscal a cargo del caso. El funcionario precisó que la ejecución de la medida "ya no es atribución del Ministerio Público sino de la Policía Nacional".
La justicia había declarado rebelde al líder del Movimiento al Socialismo (MAS) en enero de 2025, cuando incumplió una audiencia para definir su prisión preventiva. Esa figura procesal impide que el caso avance sin la presencia del acusado. El Poder Judicial ratificó esa condición y dispuso renovar las medidas de arresto e impedimento de salida del país, pese a que ya existían por los mismos motivos.
Donde se esconde
Morales, buscado desde octubre de 2024, permanece resguardado en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, donde miles de campesinos montan guardia para evitar una incursión policial. La ubicación física del exmandatario se ha vuelto un factor decisivo: el aparato judicial avanza en Tarija mientras el acusado opera desde un territorio en el que la autoridad estatal tiene penetración limitada.
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Wilfredo Chávez, abogado del exgobernante, anticipó que ni su defendido ni los defensores acudirían al acto procesal, al alegar que no fueron notificados en el domicilio sino mediante edicto, una publicación oficial en medios escritos. La defensa denuncia una "persecución judicial" atribuida al gobierno centroderechista de Rodrigo Paz.
"No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren —con pruebas legales y reales— los presuntos delitos que cometí", escribió Morales la semana pasada en X.