Nuestro país vive uno de los momentos más delicados de su historia independiente.
Las relaciones con Estados Unidos vuelven a vivir momentos de gran tensión, como sucedió entre 1846 y 1848, con la disputa territorial por Texas; en 1914, con la ocupación del puerto de Veracruz, y en 1916, con la Expedición Punitiva del general Pershing, para perseguir al general Francisco Villa.
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Ni en 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas decidió expropiar las compañías petroleras establecidas en México, se había generado el espectro de una intervención militar o paramilitar directa como la que hoy existe.
¿La causa? La acusación de que presuntamente México se encuentra gobernado por cárteles del crimen organizado que amenazan la seguridad nacional de la Unión Americana.
Este señalamiento es tan grave, como falso y erróneo es el diagnóstico que lo alimenta. Detrás de esta retórica incendiaria, no hay un análisis serio de las cifras. Por ejemplo, según datos de la propia DEA, más de 90 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos entra por los puertos y fronteras bajo su jurisdicción, no a través de México. Señalarnos como “enemigo” es, cuando menos, un acto de conveniente distracción.
México ha sido un ally (aliado) puntual, no un alien invasor, en la lucha del Gobierno y del pueblo estadounidenses contra el cáncer de las drogas.
A nuestro país le ha tocado poner la parte más dolorosa de una guerra: las personas muertas, desaparecidas, desplazadas; el dislocamiento de su sistema judicial y de procuración de justicia, así como la ruptura del tejido social de comunidades enteras. Cientos de miles de personas desaparecidas o asesinadas en los últimos 15 años son el saldo sangriento que México ha pagado por una guerra que no inició y que se relaciona con un mercado criminal, cuyos consumidores finales son extraterritoriales.
Ni siquiera la mayor parte de las ganancias malditas de este mercado criminal binacional ni las armas con que el país se ha desangrado pertenecen a México. El dato es lapidario: entre 70 por ciento y 90 ciento de las armas decomisadas en territorio mexicano provienen de tiendas, ferias y fabricantes estadounidenses. Sin ese torrente de armamento de alto poder, los grupos de la delincuencia organizada no tendrían capacidad de fuego para desafiar al Estado mexicano.
A cambio de ello, nuestra nación recibe ahora bofetadas de desprecio, amenazas y odio. No se vale y no es justo.
¿Qué se pone en riesgo con la sola amenaza de una intervención militar o paramilitar directa en suelo mexicano? Más de un siglo de estabilidad social, seguridad económica y entendimiento político, que le ha permitido a Estados Unidos tener al sur de su frontera, a lo largo de tres mil kilómetros, a un amigo, socio y aliado, por encima de diferencias ideológicas o de colores partidistas de sus respectivos gobiernos legítimos.
Pero hay algo aún más concreto y medible: el T-MEC, el mayor acuerdo de libre comercio del mundo. Una intervención unilateral en México derribaría décadas de integración productiva. Millones de empleos estadounidenses dependen de las cadenas de suministro que pasan por nuestro país. Desde el sector automotriz en Detroit hasta el tecnológico en California, la economía estadounidense sufriría un golpe de propia mano. Romper esa relación no sería un acto de defensa nacional, sino de sabotaje económico mutuo.
Tanto con gobiernos demócratas como republicanos, los gobiernos mexicanos de diferente signo (PRI, PAN y Morena) han sabido desarrollar una política de Estado que les permitió cooperar, colaborar y coordinarse con Washington sin subordinarse, arrodillarse o someterse. Esa tradición diplomática, construida a lo largo de un siglo, no puede ser dinamitada por una facción política estadounidense que ve en México un chivo expiatorio útil para sus campañas internas.
En México, la buena convivencia con nuestros vecinos y socios es un tema de principios fundacionales y constitucionales, no de posturas ideológicas, partidistas o de humores personales. Lo que enfrentamos hoy no es solo un diferendo bilateral, sino el embate de una corriente de ultraderecha estadounidense que, con el argumento de la seguridad nacional, promueve abiertamente la violación de nuestra soberanía, con vuelos de drones espías o la intromisión de agentes encubiertos en territorio mexicano sin autorización y propuestas legislativas que abren la puerta legal a una injerencia directa.
Hoy el mercado de las drogas ilícitas cambió drásticamente, desde las llamadas drogas blandas naturales hasta las drogas sintéticas de laboratorio. Esto trastocó las estrategias de tratamiento y combate. Del enfoque de salud pública y de prevención policiaca del delito se pasó al tratamiento militarizado de considerar a los cárteles como grupos narcoterroristas extranjeros, con el escalamiento de las políticas de combate y erradicación de las drogas. El fentanilo y las metanfetaminas son un desafío global que requiere inteligencia, prevención y cooperación sanitaria, no bombas o incursiones unilaterales que solo fragmentarían aún más a la delincuencia organizada sin resolver el consumo.
En lo personal, confío en el presidente Donald Trump del primer período, que supo valorar y tratar a México como un vecino cercano, un socio justo y un amigo confiable. Es de esperarse que esa voz prevalezca sobre los halcones de su propio círculo, que ven en la confrontación con México una moneda de cambio política.
Como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, en la solución de nuestros grandes problemas binacionales, como el narcotráfico, el terrorismo, la emigración, el comercio justo o el agua, logramos más con el diálogo, la colaboración y la cooperación, que abriendo heridas culturales e históricas que tardan más de un siglo en sanar. El respeto a la soberanía no es un capricho mexicano: es la única condición que ha permitido que los últimos cien años de relación entre ambas naciones no hayan sido una repetición del siglo XIX. Romper ese equilibrio sería la verdadera tragedia.
Recuérdese que la política interior del soberano de cada nación exige profundizar la integración bilateral sin renunciar a sus identidades, territorios ni pueblos. Lejos de buscar la autarquía o el divorcio económico de América del Norte, se persigue una integración soberana: un modelo de equidad, proporcionalidad y cooperación simétrica que fortalezca a cada país, de cara a la consolidación de la pretendida comunidad regional.
X: @RicardoMonrealA