Carlos Bernal Pulido, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió sobre el endurecimiento de los criterios internacionales contra empresas y directivos involucrados en omisiones relacionadas con violaciones a derechos humanos, y señaló que quienes incumplan con estas obligaciones podrían responder incluso con su propio patrimonio.
Durante una conferencia magistral impartida en la Universidad Panamericana, el jurista colombiano señaló que organismos internacionales y tribunales han comenzado a establecer estándares más estrictos para responsabilizar a compañías y altos mandos que no supervisen, prevengan o reparen daños que afecten derechos fundamentales.
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“El respeto a los derechos humanos debe formar parte de la gobernanza corporativa de cualquier empresa”, afirmó al advertir que las juntas directivas podrían responder con su patrimonio por incumplir deberes de vigilancia y diligencia.
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Como ejemplo, Bernal mencionó el caso de La Oroya contra Perú, considerado un precedente histórico dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El litigio surgió tras años de contaminación provocada por una metalúrgica que posteriormente pasó a manos de una empresa estadounidense y concluyó con una resolución favorable para los denunciantes.
Asimismo, sostuvo que actualmente las empresas ya no pueden argumentar desconocimiento frente a posibles abusos o violaciones a derechos humanos.
“Hoy una empresa no puede limitarse a decir que desconocía lo que ocurría. La tendencia internacional apunta a exigir responsabilidad directa a quienes toman decisiones”, afirmó el miembro de la CIDH.
En entrevista posterior al evento, Bernal manifestó su rechazo a cualquier tipo de violación a derechos humanos cometida por autoridades en México y América Latina.
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“No hablo de un tema que no conozco, soy un colombiano que reside en Estados Unidos, solo vine a México al evento. Pero en todo caso las violaciones de derechos humanos son espantosas”, declaró para DIARIO 24 HORAS.
Finalmente, el especialista advirtió que América Latina podría enfrentar próximamente reformas legales encaminadas a ampliar las responsabilidades penales y patrimoniales de directivos empresariales vinculados con violaciones a derechos humanos.