La defensa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rechazó que el caso promovido en México en su contra derive de acusaciones de narcotráfico o protección institucional al crimen organizado.
El posicionamiento se dio luego de que, durante la Mañanera de este martes, el Gobierno de México reclamó a Estados Unidos falta de reciprocidad en materia de extradiciones. Lo anterior, debido a que entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026 se han formulado 269 requerimientos al país vecino, sin que hasta ahora se haya entregado a una sola persona reclamada por autoridades mexicanas.
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En ese contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores incluyó entre los casos pendientes el del exgobernador tamaulipeco, a quien el Gobierno mexicano busca por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A través de un posicionamiento público, los abogados del exmandatario señalaron que el expediente tiene origen en la compraventa privada de un departamento y un cajón de estacionamiento realizada en 2019, operación que, afirmaron, fue lícita.
De acuerdo con la defensa, dicha operación fue transformada por las autoridades mexicanas en sucesivas hipótesis penales, incluidas imputaciones por delincuencia organizada, pese a que —sostuvieron— existen pruebas documentales, financieras y testimoniales que acreditan su legalidad.
García Cabeza de Vaca reside 'libre y abiertamente' en Estados Unidos
Los abogados también afirmaron que García Cabeza de Vaca reside “libre y abiertamente” en Estados Unidos y que, desde hace más de seis años, ha presentado denuncias ante autoridades competentes de México y de ese país sobre presuntos hechos de corrupción y delincuencia organizada.
Entre esos señalamientos, la defensa mencionó casos relacionados con fraude fiscal con combustible, conocido como “huachicol fiscal”.
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Asimismo, aseguró que la persecución política contra el exgobernador se intensificó después de que hizo señalamientos públicos sobre redes de corrupción y estructuras criminales con presunta protección política en México.
La defensa consideró “profundamente inapropiado” que el Gobierno de México utilice y continúe contaminando públicamente el proceso legal de su representado para fines políticos contrarios a la correcta administración de justicia.
Los abogados adelantaron que continuarán con las acciones legales necesarias en México y en el extranjero para proteger los derechos de García Cabeza de Vaca, su presunción de inocencia y evitar el uso político de mecanismos de cooperación judicial internacional.