México reclamó a Estados Unidos falta de reciprocidad en materia de extradiciones.
Debido a que entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026 se han formulado 269 requerimientos al país vecino, sin que hasta ahora se haya entregado a una sola persona reclamada por autoridades mexicanas.
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Durante la conferencia presidencial, la mandataria Claudia Sheinbaum acusó la negativa de Estados Unidos para responder a las solicitudes mexicanas.
Sostuvo que existen casos graves pendientes, entre ellos factureros, exgobernadores, personas acusadas de delincuencia organizada y relacionadas con el caso Ayotzinapa.
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“¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno, ninguno”, señaló la titular del Ejecutivo federal, al pedir que la relación bilateral opere bajo el principio de reciprocidad.
Esto en el marco de la solicitud de Estados Unidos para detener provisionalmente con fines de extradición a 10 funcionarios de Sinaloa, encabezados por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
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Camciller Roberto Velasco
Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló que de 269 requerimientos de extradición que solicitó México, negaron 36 y 233 permanecen pendientes de concluir.
De los asuntos pendientes, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y los 50 restantes son solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Además, en 47 de esas 50 solicitudes pendientes, Estados Unidos requirió a México presentar información adicional.
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En este contexto, Velasco defendió la postura de México de pedir pruebas para hacer las detenciones con fines de extradición de los 10 funcionarios de Sinaloa.
Cabe recordar que dos ya se entregaron voluntariamente a Estados Unidos.
Entre los casos de solicitud de detención provisional que México ha hecho a Estados Unidos se encuentra el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien el Gobierno mexicano busca por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cabeza de Vaca
Al respecto, abogados del exgobernador aseguraron que García Cabeza de Vaca reside libremente en Estados Unidos.
Que ha denunciado redes de corrupción y huachicol fiscal desde hace más de seis años, y acusaron al Gobierno de México de usar políticamente su proceso legal para responder a señalamientos contra otros actores.
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También destacaron el caso del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, a quien se le acusa de delincuencia organizada, cuya extradición negó Estados Unidos bajo el argumento de que no se trata de un delito violento.
Aunque Álvarez Puga era buscado por autoridades mexicanas desde 2021, la solicitud de México para entregarlo aparece fechada hasta el 4 de diciembre de 2025, dentro de los requerimientos de extradición que Estados Unidos ha negado o mantiene sin resolver.
Incluso, Álvarez Puga fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en septiembre del año pasado, siendo liberado en diciembre.
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De acuerdo con información de la SRE, señalan a Álvarez Puga por el caso de presunto desfalco a la Secretaría de Gobernación y empresas factureras.
La fiscalía general de la República lo vincula con una red de empresas fachada mediante la cual se habrían desviado recursos públicos.
La SRE también mencionó que no se ha aceptado la solicitud de detención en el caso del juez del caso Ayotzinapa, José Ulises “N”, acusado de delincuencia organizada, por el que se requirió información adicional y pruebas en su proceso, entre otros casos.