La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una iniciativa de reforma para establecer filtros que eviten que personas vinculadas con el crimen organizado puedan ser candidatas a cargos de elección popular rumbo a los comicios de 2027.
La mandataria explicó que esta propuesta estaba contemplada en el Plan A de su reforma electoral, que no fue aprobada por el Congreso, por lo que ahora buscará aprovechar el periodo extraordinario de sesiones de la próxima semana para que pueda entrar en vigor antes del próximo proceso electoral.
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Sheinbaum recordó que desde su llegada a la Presidencia se han detectado casos de vínculos entre autoridades municipales y grupos delictivos, por ello la llamada Operación Enjambre, “en donde algunos presidentes municipales o personas que trabajaban en presidencias municipales, se encontró que eran quienes estaban vinculados con las actividades de delincuencia”.
La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Detalló que dicha comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales, elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE.
Su función será servir como vínculo entre los partidos políticos que “voluntariamente” decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, para revisar los nombres de aspirantes a candidaturas ante la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Mientras que las personas que aspiren a una candidatura deberán, como requisito obligatorio, manifestar al partido político que los postule su conformidad de, en su caso, evaluarse.
Con base en la información analizada, “los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, declaró Alcalde.
La funcionaria precisó que, en caso de encontrar información relevante, las instituciones continuarán con las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones.
Advierten riesgo
Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del INE, consideró que la etapa más viable para realizar una valoración de candidaturas es antes de que arranquen las precampañas. Sobre la propuesta de reforma, advirtió que el diseño planteado no termina de resolver el problema de fondo sobre vínculos con el crimen organizado y puede generar dudas entre los partidos de oposición.
“En lo personal no me acaba de convencer el hecho de que los partidos entregan de manera voluntaria la información a una comisión de consejeros electorales… Pero no les van a decir qué riesgo es, y de todas maneras, si deciden registrar las candidaturas lo pueden hacer”.
Además, dijo que “ante la fractura y división tan clara que hay entre el Gobierno, los partidos del oficialismo y los de la oposición es claro que no hay confianza y se puede prestar a que la oposición crea o argumente que les están pidiendo información para que puedan descarrilar candidaturas opositoras que son una opción fuerte”.
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Por su parte, el vocero del CEN del PAN, Jorge Triana, señaló que la iniciativa reconoce de manera tácita la existencia de un problema de penetración del crimen organizado, particularmente en Morena, y la consideró una medida reactiva frente a los señalamientos de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y otros funcionarios de esa entidad.
Por su parte, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, afirmó que la iniciativa se queda corta y consideró que debieron escucharse expertos en la materia, además de abrir el tema al debate entre los grupos parlamentarios.