La violencia en la región de la Montaña Baja de Guerrero escaló de manera drástica con una serie de incursiones armadas y una emboscada que cobró la vida de cinco personas de comunidades indígenas de Chilapa de Álvarez, entre ellas un mando.
Además, de la separación de nueve alcaldes de la Mesa de Seguridad por la crisis en sus municipios.
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La emergencia rural derivó en protestas directas contra las autoridades municipales.
A quienes asociaciones civiles como el Congreso Nacional Indígena y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas acusan de mantener nexos operativos y complicidad con Los Ardillos para facilitar su control territorial.
Exigieron a la Fiscalía General de la República una investigación penal urgente contra la presidenta municipal, Mercedes Carballo Chino, por omisión deliberada y colusión institucional.
Las víctimas, se mantienen en precarias condiciones dentro de escuelas e iglesias de Alcozacán.
Manifestaron que el ayuntamiento local actúa como brazo político de la delincuencia organizada.
"Sheinbaum dice que nos están protegiendo. ¿Dónde está esa protección?, reclamaron los representantes del Concejo mediante un comunicado donde se deslindaron también de células delictivas como Los Tlacos.
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La crisis institucional se formalizó mediante un pronunciamiento firmado por nueve presidentes municipales de la región centro y montaña.
Quienes anunciaron su salida definitiva de las mesas de seguridad estatal, debido a la indiferencia de los mandos superiores y la falta de respuestas eficaces para contener los ataques armados, aseguraron.
Este hecho expuso el colapso de la gobernabilidad en la entidad y dejó en evidencia el abandono institucional que sufren las administraciones locales.
Los ediles manifestaron que estos encuentros de seguridad estatales operan bajo una lógica burocrática y centralizada que ignora las alertas específicas de los municipios, convirtiéndose en espacios de simulación política donde se simulan despliegues policiales ineficaces.
Agresiones no tienen fin
El ataque del fin de semana, adjudicado a Los Ardillos, incrementó la crisis humanitaria en la región.
Especialmente en los límites de Chilapa y José Joaquín de Herrera, donde criminales emboscaron a comuneros del CIPOG-EZ.
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El fuego cruzado, ejecutado por el crimen organizado con armas de grueso calibre y detonaciones controladas desde drones, dejó un saldo de cinco víctimas mortales, dos desaparecidos y obligó una nueva huida de más de dos mil pobladores hacia los cerros y en medio de la noche y la obscuridad.
Colectivos de derechos humanos y la prensa local detallaron que los agresores cortaron el suministro de luz e incendiaron viviendas.
Lo que forzó a las familias a un desplazamiento masivo de más de dos mil 200 personas de localidades como Tula, Xicotlán y Acahuetán.
Los refugiados abandonaron sus hogares a pie hacia los cerros bajo la oscuridad ante la retirada previa de los retenes del Ejército mexicano y la Guardia Nacional.