Al cumplirse dos años de la jornada histórica en la que cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos depositaron su confianza en el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México sintetizó el sentido de esta nueva etapa de transformación nacional en tres principios fundamentales: honestidad, resultados y amor a la patria.
Desde la Plaza de la República, la mandataria dejó claro que estos conceptos no constituyen únicamente una consigna política, sino una forma de ejercer el gobierno y de comprender la función del Estado. Frente al modelo neoliberal que durante décadas privilegió intereses particulares sobre el bienestar colectivo, la actual administración reivindica el papel de las instituciones públicas como herramientas para garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer la soberanía nacional.
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La honestidad se expresa en una administración austera, eficiente y que es cercana a la ciudadanía. Los salarios de los altos funcionarios permanecen sin incrementos, el gasto corriente se redujo en diez por ciento y la recaudación tributaria aumentó 4.8 por ciento en términos reales sin necesidad de crear nuevos impuestos. En veinte meses se realizaron 409 conferencias denominadas “Mañaneras del Pueblo”, consolidando un ejercicio permanente de rendición de cuentas y comunicación directa con la población. La premisa es clara: cada peso público debe orientarse al bienestar de las personas y no a la reproducción de privilegios.
Los resultados son visibles en distintos ámbitos de la vida nacional. Durante el primer trimestre de 2026, México alcanzó una cifra récord de inversión extranjera directa por 23 mil 591 millones de dólares, superando en 10.4 por ciento los registros del año anterior. Al mismo tiempo, el desempleo se ubicó en 2.5 por ciento, uno de los niveles más bajos a nivel internacional, mientras que se generaron más de 669 mil nuevos empleos. Destaca también la recuperación histórica del poder adquisitivo: el salario mínimo pasó de 2 mil 650 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026, lo que representa un incremento real superior al 150 por ciento.
La política social continúa siendo uno de los pilares centrales de la transformación. Para finales de 2026, más de 42.8 millones de personas recibirán apoyos a través de los Programas para el Bienestar mediante una inversión superior a un billón de pesos. Entre los principales beneficiarios se encuentran 14.1 millones de personas adultas mayores, tres millones de mujeres de entre 60 y 64 años incorporadas a Mujeres Bienestar, dos millones de personas con discapacidad y medio millón de jóvenes participantes en Jóvenes Construyendo el Futuro. Más allá de las cifras, se trata de una concepción distinta del desarrollo: aquella que entiende la política social no como asistencialismo, sino como una herramienta de justicia y redistribución en donde la premisa central es no dejar a nadie atrás.
En educación y salud también se observan avances significativos. Más de 73 mil escuelas recibieron recursos directos para mejorar infraestructura y equipamiento; se proyecta la creación de 200 mil nuevos espacios en educación media superior y 100 mil en educación superior. Paralelamente, se pusieron en operación 29 hospitales, 10 unidades de medicina familiar y 35 centros de salud, mientras que se distribuyeron mil 700 millones de medicamentos en todo el país. A ello se suma el programa Salud Casa por Casa, mediante el cual 20 mil profesionales de la salud han realizado alrededor de 18 millones de visitas domiciliarias, acercando servicios médicos a quienes históricamente enfrentaron mayores barreras de acceso.
En materia de seguridad pública, uno de los principales desafíos del Estado mexicano, contamos con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con un Gabinete de seguridad que encabeza de manera directa la Presidenta de la República y que coordina el Mtro. Omar García Harfuch, destaca una reducción de 49 por ciento en los homicidios dolosos y de 20 por ciento en los delitos de alto impacto durante los primeros veinte meses de gobierno. Estos resultados responden a una estrategia integral sustentada en la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, el uso de inteligencia, la coordinación entre órdenes de gobierno y el combate a la impunidad. Se trata de una visión que apuesta por la construcción de paz y la recuperación del tejido social como condiciones indispensables para el desarrollo nacional.
El tercer componente, el amor a la patria, constituye el principio que articula el conjunto de las políticas públicas. Se refleja en la defensa de la soberanía nacional, en la protección de los recursos estratégicos, en el fortalecimiento de la capacidad energética del país y en el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos fundamentales de la vida pública. Bajo esta visión, Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares; se incorporaron seis nuevas plantas eléctricas con capacidad superior a tres mil megawatts; más de 25 mil millones de pesos fueron entregados directamente a comunidades indígenas y se recuperaron 4 mil 600 millones de metros cúbicos de agua para beneficio de la nación.
A dos años de aquel mandato popular, el mensaje presidencial resulta inequívoco: la transformación no se sostiene únicamente en discursos, sino en resultados verificables y en una concepción ética del ejercicio público. La honestidad permite administrar mejor los recursos; los resultados fortalecen la confianza ciudadana; y el amor a la patria orienta las decisiones estratégicas hacia el interés nacional.
El llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación busca precisamente consolidar estos avances, convertirlos en políticas de largo plazo y profundizar un modelo de desarrollo centrado en la justicia social, la soberanía y el bienestar compartido. En esa lógica, honestidad, resultados y amor a la patria dejan de ser simples principios de gobierno para convertirse en los cimientos de un proyecto nacional que aspira a transformar de manera permanente la vida pública de México.
Maestro José Luis Rodríguez Díaz de León
Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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