La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del ataque armado de las fuerzas federales en un retén en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, que dejó tres personas muertas y dos heridas.
La intervención federal se da en medio de señalamientos por un presunto uso desmedido de la fuerza y contradicciones sobre el origen de la agresión.
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De acuerdo con los expedientes, el número de fallecidos es de tres, luego de la muerte de Óscar Javier N, de 25 años, quien era estudiante activo de la Licenciatura en Odontología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
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El cuerpo del joven fue entregado a sus familiares por la Fiscalía de Morelos el sábado pasado.
El incidente ocurrió el 6 de junio pasado, sobre la carretera Tehuixtla-Puente de Ixtla, a la altura de una gasolinera en la colonia Jardines de La Herradura.
Las cinco víctimas viajaban a bordo de una camioneta particular de lujo cuando cruzaron por un Puesto de Control de Seguridad mixto, integrado por el Ejército mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Policía de Morelos.
En el sitio del retén perdieron la vida de forma instantánea dos personas: una mujer civil y un hombre que fue identificado como un militar en activo, quien presuntamente conducía la unidad.
No se detuvieron
Los reportes iniciales indicaron que los uniformados del retén le marcaron el alto a la unidad. Al notar que el conductor ignoró la orden y aceleró para evadir la revisión, los elementos abrieron fuego directo contra el vehículo en movimiento, al que rafagueó a los tripulantes.
Fuentes internas sugieren que el elemento castrense que conducía la camioneta presuntamente sacó un arma y disparó primero en contra de los elementos del retén, lo que obligó a los guardias nacionales y soldados a repeler el ataque.
Debido a que en el incidente participaron elementos armados de la federación y se constató la muerte de un miembro del Ejército, la Fiscalía de Morelos cedió la investigación a la FGR para deslindar responsabilidades por delitos del fuero federal.
Este incidente ocurrió en una región bajo intensa presión delictiva por la disputa de rutas entre células de la Familia Michoacana y el Cártel del Pacífico.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos ha guardado silencio sobre la actuación de sus policías en el perímetro.
La comunidad académica y la rectoría de la UPAEP emitieron un pronunciamiento de condena institucional, al tiempo que exigieron el esclarecimiento inmediato de los hechos y castigo a los responsables.