La investigación sobre los cuarteles de seguridad construidos durante el Gobierno del ahora prófugo de la justicia, Silvano Aureoles, en Michoacán, estaría por entrar en una nueva etapa.
Se trata del caso del arrendamiento, mantenimiento y posterior adquisición de siete cuarteles de seguridad en el estado, operación que, según las indagatorias, habría generado un presunto daño al erario, superior a los 3 mil 400 millones de pesos y que mantiene bajo la lupa a varios exfuncionarios de aquella administración.
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Conforme avanzan las pesquisas, comienza a tomar fuerza una hipótesis que desde hace tiempo circula en los ámbitos políticos y judiciales: las decisiones clave de este esquema podrían haber surgido del más alto nivel de Gobierno estatal.
Entre los exfuncionarios que son investigados aparece Guillermo Loaiza Gómez, exdirector general del Comité de Adquisiciones en Michoacán; sin embargo, quienes conocen a fondo el caso nos aseguran que su situación jurídica podría diferenciarse de la del resto de los presuntos involucrados.
Según la documentación que prepara su defensa, Loaiza no participó en la compra de los cuarteles y habría dejado constancia por escrito de que la dirección que encabezaba, carecía de facultades para intervenir en esa operación.
Incluso, nos dicen, existiría un oficio en el que se negó expresamente a participar en el procedimiento de adquisición. La relevancia de este documento radica en que la acusación sostiene que los inmuebles fueron adquiridos con sobreprecio.
Si se acredita que determinadas áreas administrativas no tuvieron capacidad de decisión y únicamente ejecutaron trámites, la atención inevitablemente se traslada hacia quienes sí tenían facultades para autorizar o impulsar una operación de tal magnitud.
Nos dicen también que Loaiza ha manifestado disposición para colaborar, tanto con la Fiscalía General de la República, como con la Fiscalía estatal y es que en investigaciones de este tipo, la información aportada por exfuncionarios suele ser clave para reconstruir la cadena de decisiones y deslindar responsabilidades.
Por lo pronto, en los pasillos judiciales se comenta que la investigación podría entrar en una etapa de mayor precisión sobre quién tomó realmente las decisiones.
Si esa ruta se confirma, el foco podría desplazarse gradualmente hacia los niveles más altos del Gobierno de ese entonces, incluido el entorno del exgobernador Silvano Aureoles.
LA JUGADA ESTRATÉGICA DE CLAUDIA SHEINBAUM
Cuando el panorama lucía catastrófico, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una jugada de ajedrez: anunció que el Gobierno federal ya no negociaría con los líderes de la CNTE y, en su lugar, se haría una consulta directa con la base magisterial, para analizar las modificaciones al sistema de pensiones; pero conservando la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.
El anuncio hizo cimbrar al movimiento magisterial disidente, que envalentonado, por sus plantones, bloqueos y movilizaciones, amenazaba con boicotear la inauguración del Mundial de Futbol, si no se cumplía a cabalidad su pliego petitorio.
Nos dicen que la decisión de la presidenta Sheinbaum fue una demostración de poder que la ciudadanía esperaba desde hace semanas; ahora nos dicen, lo importante es que el gobierno se mantenga y siga haciendo valer la autoridad del Estado.
@JuanMDeAnda