Ayer tuvo una reunión cuya importancia, de cara a la elección intermedia del 2027, ha sido soslayada.

Magistrados electorales de los estados se reunieron con diputados para exponer las condiciones críticas con las que operan, en algunos casos, desde el 2022.

El grupo de magistrados se quejó de venganzas de gobernadores que ha reducido el presupuesto a los Tribunales estatales, de la negativa del Senado para nombrar a magistrados para ocupar vacantes por años y para advertir que la incertidumbre jurídica no solo los perjudica en lo personal sino también los procesos electorales.

Una magistrada michoacana acusó que el Congreso quiso intervenir en el Tribunal y casi casi designar a los magistrados faltantes, a lo que se opusieron los únicos dos togados en funciones.

En represalia, al año siguiente, el Congreso les redujo el presupuesto a niveles casi de mendicidad.

La denuncia sorprende porque apenas se hace pública, pero desde la Legislatura pasada, Morena en el Senado se negó a designar a los magistrados para ocupar las vacantes que había en las entidades.

Así pateando el bote, Morena hizo tiempo para que se aplicara la reforma judicial del 2025 en la que se eligieron 2 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 magistraturas de las Salas Regionales del mismo Tribunal Federal.

Pero no se tocaron las vacantes de los tribunales locales, las cuales se encuentran en un limbo jurídico pues en algunos estados se aplica la norma constitucional, en otras ni siquiera se ha aclarado eso.

Los magistrados alertaron sobre el término del periodo de funciones de un grupo de 18 magistrados locales en octubre próximo, que sumadas a las 12 registradas a partir de diciembre pasado, sumará 30 vacantes.

Una alineación incompleta de los tribunales electorales locales complica la calificación de las elecciones y el procesamiento de quejas, por una parte, pero por la otra hace más fácil la manipulación o la injerencia partidista en la toma de decisiones de éstos órganos.

Lo vimos a nivel federal con un Tribunal mocho, que finalmente favoreció los intereses del partido del gobierno, y también en el INE cuando la Cámara de Diputados prolongó la convocatoria para elegir a 4 consejeros electorales que al final, resultaron afines a sus intereses.

Los magistrados pidieron a los diputados que en tanto no se resuelva legalmente el asunto de las vacantes y/o la elección de los nuevos magistrados, quienes detentan actualmente esa responsabilidad puedan quedarse en el cargo hasta el momento en el que haya un sustituto designado o votado.

Todo para blindar y garantizar el trabajo de los tribunales, que el próximo año tendrán una sobre carga de trabajo.

¿A quién benefician los tribunales incompletos, mochos?

****

Qué chistosos son los morenistas.

La democracia solo existe cuando ganan y el fraude resucita cuando pierden.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, informó que su partido pedirá la anulación de la elección de diputados en Coahuila porque, según ella, hubo “compra de votos, uso de programas sociales estatales, intimidación, violencia política de género y rebase de topes de campaña’’.

Qué curioso que ahora observe esas supuestas irregularidades cuando en su partido, decenas sino es que cientos de aspirantes a puestos de elección popular ya están en franca campaña electoral.

¿Y cómo lo hacen? Pues usando recursos públicos (ni modo que paguen de sus bolsillos), escudándose en los programas sociales, amenazando con quitarlos a quienes no voten por los candidatos guinda, intimidando a los aspirantes de otros partidos.

O qué, ¿dirá también que es una campaña de la ultraderecha?

 

     @adriantrejo