En el sexenio de Marcelo Ebrard la Ciudad de México adoptó los nombres de capital en movimiento y ciudad de vanguardia… pero en la conclusión de su mandato bien podría llamarse la ciudad de los contrastes.

 

Los seis años de gobierno de Marcelo Ebrard estuvieron llenos de claroscuros.

 

Así lo muestran las cifras y resultados en diversos ejes que el mandatario capitalino consideró estratégicos desde el inicio de su administración, como equidad y desarrollo social, derechos humanos, infraestructura y movilidad.

 

Incluso, al término de su sexto informe de gobierno, Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), no dudó en calificar con 8, de un máximo de 10 puntos, la administración del jefe de Gobierno.

 

En primera instancia, resalta que de 2006 a 2012 el gasto para programas sociales se duplicó al pasar de 25 mil millones de pesos anuales a 42 mil, para ampliarse no sólo al núcleo de adultos mayores, sino al de los jóvenes y niños con acciones como las Becas Escolares para Niños en Pobreza y Vulnerabilidad, Niños Talento, de Estímulos al Bachillerato Universal, y Prepa Sí, entre otros.

 

Sin embargo, la cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) arrojan también un aumento en el porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de bienestar.

 

“De 2008 a 2010 el porcentaje de población en situación de pobreza aumentó de 28 a 28.7%, y el de pobreza extrema aumentó de 2.1 a 2.2%”, indican las cifras del Coneval.

Mientras que en 2010 los municipios con mayor porcentaje de personas en pobreza fueron Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, y en general el resto de las 16 delegaciones del Distrito Federal mantuvieron el mismo grado de rezago social.

 

En 2006, antes de asumir el poder, Ebrard aseguró que resolvería el problema de escasez de agua en Iztapalapa a más tardar en 2008.

 

Los resultados en la actualidad son contrarios, no sólo Iztapalpa se debate en una crisis por el líquido, sino que a causa del déficit de agua en el Sistema Cutzamala, que es el principal sistema que abastece a la ciudad, 60% de las delegaciones han tenido que reducir el suministro a sus habitantes.

 

El Sistema de Aguas estima que la baja actividad del Cutzamala ocasiona recortes al suministro del 50% del DF y, en contraste, en época de lluvias, la posibilidad de una megainundación de aguas negras es constante.

 

Ebrard lo dejó ver el pasado 8 de noviembre, al presentar el diagnóstico de “El Gran Reto del Agua en la Ciudad de México”, e incluso aprovechó para advertirle a sus sucesor Miguel Ángel Mancera que a partir del próximo 5 de diciembre le transmitirá su “angustia y preocupación”.

 

“Cualquier jefe de Gobierno que se respete no duerme bien, no debe dormir bien”, dijo el mandatario capitalino al referirse a los retos del agua y la posibilidad de una megainundación como la de Nueva Orleans.

 

De acuerdo con el análisis de las solicitudes de endeudamiento que hizo Ebrard a la Cámara de Diputados, se observa que en seis años se le autorizaron 18 mil 500 millones de pesos.

 

Dicho monto, representa el aumento en 300% de la deuda, que principalmente se destinó a la Línea 12 del Metro; es decir, al término de su gobierno la deuda quedará en 6 mil pesos por habitante cuando menos los 22 años siguientes, según informes de la Comisión de Hacienda de la ALDF.

 

En 2008, Marcelo Ebrard decidió fortalecer la inversión en educación e inyectó más de 4 mil millones de pesos para ampliar la cobertura de los programas sociales y colocó a los jóvenes como su prioridad.

 

Empero, el 20 de junio de ese mismo año se cometió el operativo en la discoteca New’s Divine que dejó un saldo de nueve niños y tres policías muertos.

 

Superado este trago amargo, declaró su gobierno como “garantista” y de legislación moderna, pero las cifras de la CDHDF revelan que Ebrard cumplió en su totalidad 16 de las 107 recomendaciones emitidas en su contra.

 

Entre las recomendaciones que no han sido cumplidas resaltan las de las expropiaciones en Tepito y La Ford en Iztapalapa, el caso New’s Divine y la derivada de las obras de la Supervía Poniente.

 

La política de movilidad de Marcelo Ebrard nació con el propósito de “crear la mejor red de transporte público de todo el continente” con 10 líneas de Metrobús, pero sólo se entregaron cuatro al final de su mandato.

 

Además de la reintroducción en la ciudad del tranvía, pero el proyectó fracaso.

 

Sólo la Línea 12 del Metro se terminó un mes antes del cierre de la administración y se habilitaron ocho corredores cero emisiones, para abatir los microbuses, aunque siguen 22 mil en circulación.

 

En contraste con los avances que presume el gobierno de Ebrard está la encuesta de El Poder del Consumidor de 2011, la cual indica que 64% de los ciudadanos considera que el transporte público es inseguro; 68% lo considera cada vez más lento; 48% lo considera costoso; y 87% considera que la construcción de vialidades no tiene relación con sus necesidades de movilidad.

 

Asimismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha observado que las fallas en la movilidad urbana ocasionan una pérdida de 3.3 millones de horas hombre al día.

 

En lo que respecta a participación ciudadana, los diagnósticos de Evalúa DF, organismo público descentralizado de evaluación de la política social, muestran que siguen los rezagos, pese a la instrumentación de políticas públicas y la ampliación del marco legal.

 

Se ha detectado también “la incapacidad de los funcionarios intermedios para operar los programas y las acciones de desarrollo social con perspectiva de derechos y de la participación ciudadana”.

 

Aunado a ello, según los reportes del mismo organismo, la entrega de los recursos en los programas de transferencias “acusa una grave burocratización y por tanto es muy deficitaria, lo que desalienta la participación”.

 

Así se reflejó en la pasada Consulta Ciudadana del DF que organizó la autoridad electoral, en la que sólo participaron 147 mil 737 ciudadanos, lo cual representa apenas 2% del padrón electoral, que asciende a 7 millones 200 mil 57 personas.

 

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