El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, retomó este jueves sus actividades legislativas -virtuales- luego de permanecer 57 días alejado del Senado, luego de que el pasado 29 de abril, la Fiscalía de Nueva York, informara el estatus del senador por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Aunque no se presentó físicamente a los trabajos, el legislador participa de manera virtual en la reunión de la Comisión de Justicia del Senado donde se revisa la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.
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Tras ausencia, regresa a distancia
Tras casi dos meses de ausencia, el legislador morenista reapareció este jueves durante la reunión híbrida de la Comisión de Justicia del Senado, presidida por el senador Javier Corral Jurado.
Durante su participación, planteó observaciones de carácter constitucional, procesal y de derechos humanos.
Destacó la importancia de delimitar las facultades de las autoridades administrativas encargadas de aplicar sanciones por infracciones a reglamentos gubernamentales y de policía, atribución que corresponde constitucionalmente a los municipios.
Inzunza señaló que una de sus principales preocupaciones radica en que el proyecto de dictamen utiliza conceptos como “detención” y “flagrancia” dentro del ámbito de la justicia cívica, figuras que, sostuvo, están reservadas por la Constitución y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos para conductas tipificadas como delitos.
El senador recordó que la Suprema Corte avaló en 2007 ciertas formas de detención momentánea en el contexto de la justicia cívica; sin embargo, consideró que el tema requiere una regulación más precisa para evitar interpretaciones que puedan derivar en abusos de autoridad o actos arbitrarios.
Advirtió que, de no establecerse controles claros, dichas facultades podrían afectar principalmente a los sectores más vulnerables de la población, entre ellos mujeres, comerciantes informales y grupos en situación de desventaja, quienes suelen tener un contacto más frecuente con los cuerpos policiales.
Asimismo, defendió la necesidad de privilegiar mecanismos alternativos de solución de controversias y procesos de conciliación antes de llegar a sanciones formales.
No obstante, estimó que el proyecto aún presenta vacíos en la regulación de las audiencias de resolución de conflictos y cuestionó que algunas medidas de apremio contempladas resulten incluso más severas que las sanciones que eventualmente podrían imponerse a los infractores.
Y anunció que hará llegar por escrito sus observaciones a las comisiones dictaminadoras para enriquecer la discusión antes de la aprobación definitiva de la reforma.
Enrique Inzunza habla en redes
A través de sus redes sociales, el senador señaló:
“El día de hoy, las y los integrantes de la Comisión de Justicia del @senadomexicano, celebramos reunión de trabajo en el marco del análisis y estudio para dictaminar la nueva Ley General de Justicia Cívica e Itinerante”.
El día de hoy, las y los integrantes de la Comisión de Justicia del @senadomexicano, celebramos reunión de trabajo en el marco del análisis y estudio para dictaminar la nueva Ley General de Justicia Cívica e Itinerante. pic.twitter.com/QLVF9bcXuh
— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) June 25, 2026
La última vez que Inzunza Cázarez participó en el trabajo legislativo fue el 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia estadounidense lo incluyó entre un grupo de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y supuestos vínculos con la organización criminal conocida como “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.
La reaparición ocurre después de semanas de cuestionamientos por parte de legisladores de oposición y diversos actores políticos, quienes habían señalado la falta de actividad pública del senador desde que se hicieron públicas las acusaciones provenientes de Estados Unidos.
