Cada vez que el Gobierno mexicano encuentra un pequeño resquicio de buenas noticias en el tema del narcotráfico, de Estados Unidos le llegan contrainformaciones en modo de “estate quieto”.
Y el asunto tiene una explicación: mientras el Gobierno mexicano no comience a entregar narcopolíticos de las diferentes listas que sean entregados a trasmano en el alto nivel y que circulan remasterizadas en redes sociales, Washington no quitará el dedo del renglón de poner a México como un narcoestado.
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Ya van para 40 días los tiempos entre la solicitud de arresto con fines de extradición del entonces gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, y nueve cómplices locales por haber pactado la facción de los malditos del Cártel de Sinaloa, y todo indica que el político de perfil lopezobradorista no será extraditado.
Pero en política no hay plazo que no se cumpla. Y ya se están llegando a los tiempos políticos en que Estados Unidos pudiera tomar una decisión unilateral. Pero mientras llega, de todos modos la Casa Blanca está machacando con la narcopolítica mexicana: el sábado publicó el diario The New York Times la confirmación de que por lo menos dos gobernadores en funciones -además de Rocha Moya- están en modo de testigos colaboradores con EU, y de nada valen los desmentidos de los involucrados. La fuente del diario neoyorkino está en las estructuras de seguridad de Washington.
Y horas antes de ese análisis periodístico, el director de la DEA y nada menos que nuevo director de Inteligencia Nacional que coordina a las 18 oficinas de espionaje y seguridad nacional y hasta a la CIA que no forma parte de la Comunidad de inteligencia porque constituye el Ejército privado del presidente de Estados Unidos también insistieron en la narcopolítica mexicana.
Mientras más días pasen y México no extradite a narcopolíticos, la amenaza de acciones unilaterales seguirá minando la credibilidad mexicana.
Zona Zero
- Está comenzando ya el proceso de nominación de candidatos a diputados federales, gobernadores, alcaldes y diputados locales y no se ha notado un cambio en la decisión gubernamental de no impedir que el crimen organizado en sus diferentes formas vuelva a influir en las candidaturas del 2027. Y con ello, el poder fáctico de la criminalidad podría jugar un papel determinante en las elecciones presidenciales del 2030.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh