Con la mirada puesta en la celebración del Mundial 2026, la Asociación de Bancos de México (ABM), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México pusieron en marcha una estrategia nacional para fortalecer la prevención de la trata de personas y detectar operaciones financieras vinculadas a este delito.
La iniciativa contempla la participación de más de 11 mil sucursales bancarias de las 54 instituciones afiliadas a la ABM, así como la capacitación de cerca de 100 mil colaboradores del sector financiero para identificar señales de alerta relacionadas con posibles casos de trata de personas.
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De acuerdo con las organizaciones participantes, la trata de personas continúa siendo una problemática de alcance global que afecta a más de 27 millones de personas en todo el mundo. En México, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que durante 2025 el número de víctimas registró un incremento de 47 por ciento, lo que ha encendido las alertas de autoridades y organismos especializados.
Estrategia cobra especial relevancia en el Mundial 2026
La estrategia cobra especial relevancia ante la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros durante la justa mundialista, un contexto en el que, según expertos, pueden incrementarse los riesgos de explotación de personas y de operaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas.
Como parte del programa, la UNODC y el Consejo Ciudadano desarrollaron materiales de capacitación y sensibilización dirigidos al personal bancario para fortalecer la detección de movimientos financieros inusuales, patrones de transacciones atípicas y otros indicadores que podrían estar relacionados con redes de explotación sexual o laboral.
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El Consejo Ciudadano destacó que el sistema financiero representa una de las primeras líneas de detección de recursos provenientes de actividades ilícitas, por lo que la colaboración con la banca puede contribuir a proteger a posibles víctimas, prevenir el lavado de dinero y dificultar que las organizaciones criminales obtengan beneficios económicos.