Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados morenistas urgió a reformar diversas modificaciones para combatir el robo de combustible.
El legislador destacó que esta realidad exige una respuesta profunda y estructural, sostuvo que el Ejecutivo y el Legislativo deben abrir una amplia consulta para adecuar las disposiciones legales, las disposiciones administrativas y las sanciones penales en el país.
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Subrayó que se encuentra analizando propuestas en materia de aduanas, combate a la corrupción, uso de marcadores químicos y fortalecimiento de la trazabilidad del combustible, como parte de una estrategia de soberanía y seguridad energética nacional.
Destacó que el combate al robo de combustibles debe asumirse como una prioridad de Estado, porque ahí se cruzan la seguridad nacional, la justicia fiscal y el bienestar de la población.
“Si no se frenan estas redes, el país seguirá perdiendo recursos esenciales para el desarrollo; si se enfrentan con decisión, México podrá fortalecer sus finanzas, su legalidad y su capacidad de crecimiento con bienestar”, expuso.
Ramírez Cuéllar resaltó la iniciativa Stop Fueling Cartel Violence Act, presentada el 14 de mayo de 2026 por los senadores John Cornyn y Jacky Rosen en Estados Unidos, ya que confirma la dimensión transnacional del problema y refuerza la urgencia de colocar el robo de combustibles en el centro del debate público y legislativo, porque se trata de una actividad que debilita a Pemex, erosiona la recaudación y fortalece a organizaciones criminales que operan con redes de corrupción, empresas fachada y mecanismos de lavado.
Dicha iniciativa no sustituye el diagnóstico nacional, sino que lo robustece al reconocer que el contrabando de hidrocarburos ya es una amenaza regional que exige respuestas coordinadas, técnicas y firmes.
Pemex estima que en 2024 se efectuó el robo cerca de 987 millones de litros de combustible, casi tres veces más que en 2019. Ese dato confirma la magnitud de una economía ilícita que ya no se puede tratar como un problema marginal.
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Daño fiscal es grave
Ramírez Cuéllar señaló que el daño fiscal es igualmente grave, pues el propio documento legislativo advierte pérdidas por miles de millones de dólares para el Gobierno de México y una afectación diaria cercana a 24 millones de dólares en ingresos tributarios potenciales. A ello se suma que entre 16% y 27% del consumo anual de combustibles en México provendría de fuentes ilegales, lo que revela una penetración preocupante del mercado ilícito en la cadena energética nacional.
Entre las medidas planteadas en la iniciativa estadounidense figuran el fortalecimiento de capacidades de las fuerzas de seguridad de países aliados, el intercambio de información con agencias civiles estadounidenses dedicadas al combate al crimen organizado, la identificación de nodos clave en las operaciones de estas redes y otras acciones no cinéticas, es decir, sin uso directo de la fuerza militar.