La confirmación de la participación del FBI en la captura, secuestro y extradición de Ismael Zambada, El Mayo, líder del Cártel de Sinaloa, agregará tensión a las relaciones entre México y Estados Unidos por una intervención extraterritorial que viola todos los acuerdos de cooperación en materia de combate al narcotráfico.

Después de que el fin de semana se hicieron públicos, a través del medio Pie de Nota, los detalles de la operación ocurrida en Culiacán el 25 de julio del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que hoy presentará un informe “de línea de tiempo’’ de lo que ha ocurrido en Sinaloa a partir de la captura del Mayo con la colaboración de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán.

Sheinbaum prometió entregar las comunicaciones que entonces se tuvieron con el gobierno de Estados Unidos y su embajador en México, Ken Salazar y toda información que el exfiscal Alejandro Gertz Manero recopiló a partir de que el Gobierno mexicano se enteró del secuestro del Mayo.

La Presidenta se refirió al tema como una eventual “intervención’’ de agencias extranjeras en ese caso y anunció que entregaría también cuáles han sido las consecuencias de esas acciones en Sinaloa.

No se trata de defender al Mayo, dijo, pero sí la soberanía y dejar en claro la intervención del Gobierno de Estados Unidos que siempre negó haber tenido participación en los hechos.

Pero la narrativa del Gobierno estadounidense se cayó por un acto digno del peor de los egos: en una exposición, exhibió como trofeo el avión Beechcraft King Air 200 en el que el Mayo fue secuestrado y llevado fuera del país.

Pie de Nota dio detalles precisos de las modificaciones que sufrió la aeronave, cómo es que se cubrió la matrícula original y otros detalles técnicos que comprueban que la operación había sido planeada quizá con meses de anticipación.

Está bien que la Presidenta precise los alcances de la intervención estadounidense, pero también debería precisar quiénes, desde el gobierno estatal, cooperaron con el FBI y a cambio de qué.

El Mayo acudió a una cita convocada por el gobernador Rubén Rocha Moya, por conducto de quién fue su secretario general de gobierno, Enrique Inzunza, a la que también fue invitado el exrector de la universidad estatal y diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La reunión, explicó El Mayo desde la cárcel, había sido organizada para, supuestamente, “arreglar’’ la disputa por el control de la universidad que mantenían Cuén Ojeda y Rocha, pero este a través de Inzunza.

El día de la reunión, Cuén fue asesinado en el lugar; Rocha Moya fingió haber realizado un viaje a Los Ángeles (se desapareció convenientemente del estado).

La fiscalía de Sinaloa, a cargo de Sara Bruna Quiñones Estrada, realizó un montaje para encubrir el asesinato de Cuén; quiso disfrazarlo como víctima de un asalto en una gasolinería.

Quiñones encargó “la investigación’’ a los vicefiscales Dámaso Castro Saavedra, recientemente acusado por el gobierno de EU de proteger al Cártel de Sinaloa y la vicefiscal zona centro, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

A pesar de que se ha demostrado su responsabilidad en ese montaje y encubrimiento de un cártel, Quiñones Estrada no ha sido detenida y Castro Saavedra renunció a su cargo apenas hace unas semanas no por estar sujeto a una investigación en México, sino por la presión de Estados Unidos.

¿Por qué el gobierno los sigue protegiendo?

Qué bueno que la Presidenta defienda la soberanía; qué mal si hoy solo se dedica a documentar la “intervención’’ del FBI y deslinda de responsabilidades a quienes ayudaron a convertir al estado en un infierno.

 

    @adriantrejo