La defensa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó que el delito de violencia familiar que se le imputa a su cliente no amerita la medida cautelar de prisión preventiva.
En breves declaraciones a medios de comunicación, el defensor, quien no reveló su nombre, señaló que el exfuncionario mantiene disposición para enfrentar el proceso judicial en libertad.
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Consideró que el caso se sobredimensionó debido a su alta difusión en los medios de comunicación.
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Por su parte, la fiscalía general de Morelos se declaró lista para la celebración de la audiencia inicial, instancia en la que presentará formalmente los datos de prueba recabados para sustentar la acusación en contra del imputado.
Indicó que juez de control determinará, con base en los elementos expuestos por ambas partes, la situación jurídica del exfuncionario y las medidas cautelares pertinentes para el desarrollo de las investigaciones, luego de que fuera detenido en la Ciudad de México y trasladado a Morelos, tras la difusión de un video donde agrede físicamente a su esposa.
Secretaría de las Mujeres
Por su parte, la Secretaría de las Mujeres emitió un pronunciamiento en el que reconoce la actuación coordinada de las fiscalías de la Ciudad de México y del estado de Morelos para cumplimentar la detención de Rodríguez Padilla.
La dependencia informó que la captura se deriva de una investigación formal por actos de violencia cometidos en contra de su esposa, María Felicia Jiménez, a quien la institución ha brindado asesoría jurídica, acompañamiento institucional y seguimiento puntual desde el primer momento en que el caso se hizo público.
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A su vez, la Secretaría de las Mujeres calificó la detención como un avance relevante en el acceso a la justicia y un mensaje de cero impunidad contra los agresores.
La institución manifestó su confianza en que las etapas subsecuentes del proceso penal se desahoguen con estricto apego a derecho y perspectiva de género, con el objetivo de alcanzar una sentencia que garantice la sanción correspondiente, la reparación del daño y las medidas de protección necesarias para salvaguardar los derechos humanos de la víctima.