El diputado local, Luis Alberto Chávez, destacó la necesidad de asegurar una respuesta inmediata, especializada y eficaz por parte de la fiscalía general de Justicia local frente a la violencia hacia las mujeres, por lo que planteó reforzar la protección en Ministerios Públicos y la asesoría a quienes sufran este delito.
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La Ciudad de México ocupa el primer lugar nacional en reportes de violencia familiar.
En el año 2025, el Inegi estimó que el 8.5 por ciento de los hogares urbanos sufrieron agresiones en su violencia familiar.
En este contexto, Morena presentó una iniciativa para brindar acompañamiento integral y garantizar protección inmediata a víctimas.
Por ello, Chávez propuso reformar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia de fortalecimiento de las medidas de protección; ampliación de la cobertura institucional para su emisión, y el reforzamiento de dicha asesoría.
Así como visibilizar y robustecer la plantilla de asesoras y asesores victimales, cuya labor va más allá del acompañamiento jurídico tradicional.
Protección especializada
“Este personal se encargará de brindar un acompañamiento integral que incluye orientación en todas las etapas penales, gestión de medidas de protección, seguimiento psicológico y vinculación con servicios sociales”, explicó el diputado.
El morenista añadió que las medidas de protección constituyen uno de los instrumentos jurídicos más importantes para garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las mujeres víctimas de violencia.
“Dichas medidas tienen un carácter preventivo, urgente, inmediato y cautelar, pues buscan evitar que las agresiones escalen hacia conductas de mayor gravedad”, subrayó.
Aseguró que permitirán reducir drásticamente los tiempos de espera cuando las víctimas presenten sus denuncias, evitará traslados innecesarios y prevendrá la revictimización institucional.
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Por otro lado, señaló que la implementación de estas modificaciones legales generaría múltiples beneficios estructurales, tales como una mayor eficiencia y optimización de los recursos, ya que la evidencia demuestra que prevenir la violencia es menos costoso que atender sus secuelas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género, para su análisis y dictaminación.