Por la muerte de 17 mexicanos durante operativos y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó estos hechos.
Además, respaldó las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado mexicano ante autoridades estadounidenses.
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Pronunciamiento que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se negó a respaldar, lo que desató críticas del bloque oficialista.
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“Esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respalda firmemente las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado Mexicano ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, así como con el impulso de las acciones pertinentes ante las instancias diplomáticas, de cooperación internacional y del propio sistema de justicia estadounidense que pretendan prevenir nuevas tragedias y sancionar a quienes resulten responsables, solicitando atentamente que se informe al Congreso de la Unión.
Asimismo, el pronunciamiento expresa la solidaridad de los legisladores “con las víctimas y sus familias, además de respaldar las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado mexicano ante autoridades estadounidenses”.
Durante el debate el bloque oficialista de Morena, PT y PVEM, consideró que ningún migrante debe permanecer incomunicada, sin asistencia consular o expuesta a abusos bajo custodia de una autoridad.
También plantearon fortalecer embajadas y consulados con recursos suficientes para atender la creciente demanda de protección a mexicanos en el exterior.
PRI
Desde la tribuna, la senadora del PRI Carolina Viggiano aclaró que su partido condena “toda política de criminalización y violencia” contra mexicanos en cualquier parte del mundo, pero consideró insuficiente el pronunciamiento presentado por la mayoría.
La legisladora acusó al gobierno federal de haber debilitado la capacidad de protección consular y recordó la muerte de 40 migrantes en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez en 2023, caso por el que cuestionó la falta de sanciones contra funcionarios responsables.
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Viggiano presentó cifras para sostener que el presupuesto destinado a protección y servicios consulares pasó de 836.4 millones de pesos en 2018 a 524 millones en 2025, además de señalar la desaparición del Fondo de Apoyo a Migrantes, que contaba con 300 millones de pesos para respaldar a mexicanos retornados de Estados Unidos.
“Los migrantes mexicanos no necesitan propaganda; necesitan abogados, consulados funcionando, funcionarios capacitados y recursos suficientes”, afirmó.